2025 EL ALGORITMO DEL BRIG BRODER. Juanjo Gabiña (2023).Una novela de ciencia ficción

2025 EL ALGORITMO DEL BRIG BRODER. Juanjo Gabiña (2023)
Una novela de ciencia ficción acerca de una sociedad de proximidad …

OPINIÓN personal contra el dogmatismo: A veces nos cerramos en banda, como si lo que defendemos fuese la palabra que nos a revelado un dios o un maestro a pensar omnimodo, absoluto…

A veces nos cerramos en banda, como si lo que defendemos fuese la palabra que nos a revelado un dios o un maestro a pensar omnimodo, absoluto…

Nos pasa y a menudo. Si. Y a gentes ilustradas y lúcidas, en otros muchos capítulos que tienen ‘un aquel que se yo’ con un asunto personal pendiente: étnico, anticolonial, religioso, ideologico, etc. que forma parte intrínseca (a veces oculta, siempre indiscutible) de su (nuestro) acerbo ideológico o formación cultural. El cerebro tiene rincones del alma de la persona que no se rebelan a la mirada simple, hay que aprender a desnudarse y deconstruirse para reconstruirse con la mirada y el entendimiento abiertos a lo chocante y a lo que nos hiere… para aprender a caminar libre, responsable, lucido y solidario; yo el primero. Y hay que hacerlo, y equivocarse y rectificar, más de tres veces en la vida, a juzgar por mi propia experiencia vital.
Salud, mientras.
Mikel Tar Orrantia Diez; Forua, 26/10/2023; 12:00H.

Me preguntan en qué he trabajado:

¿En qué has trabajado?

Soy Maestro Industrial (Bilbao 1967) y he trabajado de ajustador matricero, delineante matriceria, peón de obras, mecánico de automoviles, soldador, ajustador cerrajero, y delineante proyectista en ingeniería civil, hasta los 30 años; luego, periodista y escritor, hasta 1982, y después consultor de empresas en comunicación corporativa de imagen hasta mi jubilación 1912.

PARTIDOS POLÍTICOS. Simone Weil y la tiranía de los partidos: ¿Puede el gobierno de las sociedades llevarse a cabo de otra manera?

PARTIDOS POLÍTICOS
Simone Weil y la tiranía de los partidos

¿Puede el gobierno de las sociedades llevarse a cabo de otra manera? Sin partidos no hay democracia, pero la democracia de partidos muestra un funcionamiento cada vez más deficiente. Kepa Bilbao reflexiona a partir de Simone Weil.

https://www.elsaltodiario.com/partidos-politicos/simone-weil-tirania-partidos

Kepa Bilbao Ariztimuño
Ensayista. Autor de ‘Ética y política en Maquiavelo, Weber y Marx’ (Catarata, 2022)
22 OCT 2023 06:04

Simone Weil (1909-1943).

Kepa Bilbao Ariztimuño

Ensayista. Autor de ‘Ética y política en Maquiavelo, Weber y Marx’ (Catarata, 2022)

22 OCT 2023 06:04

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Los partidos han evolucionado muy poco desde su aparición en el siglo XVIII en los albores del sistema parlamentario moderno, primero en el Reino Unido y después en el continente, tras superar la desconfianza que la Revolución francesa mantuvo con el asociacionismo político. Hacia finales del siglo XIX, coincidiendo con el ascenso del proletariado al sufragio, surgen los partidos de masas, y estos adquieren unas nuevas características. Unos Estados evolucionarán hacia la implantación de un régimen de partido único y otros, las llamadas democracias liberales, hacia la democracia de partidos.

A principios del siglo XX Robert Michels ya formuló la llamada “Ley de hierro de la oligarquía” para explicar la contradicción siguiente: por qué los partidos políticos, que son las principales instituciones de la democracia, no son organizaciones democráticas. Un siglo después, esta ley sigue tan vigente como entonces a la hora de describir su funcionamiento y organización. No ha perdido tampoco vigencia la frase con la que cierra su obra sobre los partidos políticos: “El predominio de la oligarquía en la vida partidaria sigue siendo indestructible”.

Robert Michels ya formuló la llamada “Ley de hierro de la oligarquía” a principios del siglo XX: por qué los partidos políticos, que son las principales instituciones de la democracia, no son organizaciones democráticas

¿Hay una respuesta a esta ley de hierro? Si uno lee el ensayo Notas sobre la supresión general de los partidos políticos, escrito por Simone Weil al final de su trágica y corta vida en 1943, (pérdida de la que se cumplen 80 años), podrá comprobar que no es de hoy el rechazo tan grande que suscitan los partidos políticos. Sin entrar a discutir la fragilidad de algunos de los argumentos de la crítica de Weill, así como de la alternativa que propone, su lectura no ha perdido actualidad ni dejado de tener algunas virtudes. Eso sí, llama la atención su rotundidad, su radicalidad, su idealismo y su concepción pura del bien y el mal. Para Weil, los partidos son un auténtico “cáncer” y las consecuencias son siempre dramáticas, porque “si la pertenencia a un partido obliga siempre y en cualquier caso a la mentira, la existencia de los partidos políticos es absolutamente, incondicionalmente, un mal”. Para ella, “nunca hemos conocido ni de lejos nada que se parezca a una democracia” por encontrarse esta modalidad de gobierno “sometida a la tiranía de unos partidos políticos que debieran ser suprimidos”.

[LEONOR CERVANTES VARGAS. ¿Por qué no molesta Simone Weil?]

Para Weill lo que se necesita en la buena democracia no son nuevos partidos políticos, sino educar a la población y a sus gobernantes para orientarse de manera crítica en los asuntos públicos y según criterios de justicia social.

Weil finaliza advirtiéndonos: “Casi en todas partes (…) la operación de tomar partido por algo, de tomar posición a favor o en contra, ha sustituido la obligación de pensar”.

La democracia, en su opinión, es legítima si los individuos que la componen están en condiciones de pensar de manera autónoma, orientándose en los asuntos públicos según su conciencia y su inteligencia. Por ello, hace falta una educación que no sea manipulación, sino adquisición de pensamiento crítico. Weil finaliza su ensayo advirtiéndonos: “Casi en todas partes (…) la operación de tomar partido por algo, de tomar posición a favor o en contra, ha sustituido la obligación de pensar”. Esta actitud tiene su origen en los círculos políticos y se ha extendido a casi la totalidad del pensamiento. “Resulta dudoso que podamos remediar esta lepra, que nos mata, sin comenzar suprimiendo los partidos políticos”.

¿Puede el gobierno de las sociedades llevarse a cabo de otra manera? Sin partidos no hay democracia, pero la democracia de partidos muestra un funcionamiento cada vez más deficiente. En todo caso, hoy no se vislumbra otra alternativa distinta y mejor a los partidos.

¿Puede la política dejar de ser una pugna entre los partidos? No lo parece. ¿Por qué? La sociedad es plural, compuesta por distintos sectores o grupos sociales, con ideologías, necesidades e intereses diferentes, los partidos (plataformas o movimientos, da lo mismo) representan en buena medida a esos grupos. No puede pensarse que la existencia de los partidos es el origen de todos los conflictos; tampoco que su desaparición terminaría con todos los problemas.

Si la supresión de los partidos no es ninguna solución, sí lo es, en cambio, aspirar a que se produzca una corrección en profundidad de su dinámica diabólica

Simone Weil llega a la solución más radical: hay que suprimir los partidos políticos y erradicar su cultura. Ahora bien, si la supresión de los partidos no es ninguna solución, sí lo es, en cambio, aspirar a que se produzca una corrección en profundidad de su dinámica diabólica, de sus malas prácticas y costumbres, tanto en su vida interna como en el ejercicio del poder en los distintos gobiernos.

Una mayor calidad de nuestras democracias de partidos no es posible sin un cambio radical de dichos dispositivos organizativos sobre los que gira todo el sistema. Su democratización real es esencial. Para ello, dicho de una forma breve y telegráfica, es necesario combatir las tendencias negativas que se originan en su interior como la oligarquización, el pensamiento grupal, el gregarismo, el sectarismo, las falsas lealtades y la uniformización del pensamiento. Así mismo, se requiere, entre otras cosas, mejores y más estrechos vínculos con la sociedad civil, una mayor autoexigencia crítica y autocrítica de su propio quehacer, una mayor transparencia, compromiso con la verdad, lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, asunción de responsabilidades por los errores cometidos, mayor preocupación por la formación en conocimientos y en valores de sus miembros, aumento de la participación y control de sus bases (incluso de la ciudadanía en la evaluación critica de los partidos y sus candidatos), en donde el debate sea estimulado y la discrepancia no sea censurada o sancionada, donde cada cual piense por sí mismo y no sea pensado por otros, como le gustaba decir a Weil.

[“La convivencia de la ética y la política es necesaria para la buena salud de la vida pública» JON BERNAT ZUBIRI REY]

[Joseba Zulaika: “Pensar que la cultura vasca tiene algo intrínseco que puede producir violencia no tiene sentido”]

La Primera República española. HISTORIA DE ESPAÑA.Edmundo Fayanás Escuer, 4/8/2023

Se proclamó la Primera República por las Cortes, el once de febrero del año 1873, y duró hasta el veintinueve de diciembre del año 1874, cuando el levantamiento del general Martínez Campos provocó la restauración de la monarquía de los Borbones.

El periodo republicano estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos:

La guerra en Cuba con una duración de diez años.
La tercera guerra carlista.
La sublevación cantonal.
El Gobierno de Figueras
El Gobierno de Pi y Margall
El Proyecto de Constitución Federal
El Gobierno de Nicolás Salmerón
El Gobierno de Emilio Castelar
La República unitaria
El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. Se sucedieron cuatro presidentes del Poder Ejecutivo en once meses, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta el golpe de Estado del general Pavía del tres de enero del año 1874.

Este golpe militar puso fin a la república federal y dio paso a la instauración de una república unitaria bajo la dictadura del general Serrano, líder del conservador Partido Constitucional. Este periodo también se vio interrumpido por el pronunciamiento del general Martínez Campos en diciembre del año 1874.

La Primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza con la revolución del año 1868 que dio paso al reinado de Amadeo I de Saboya, al que siguió la Iª República, y termina con el pronunciamiento del general Martínez Campos en la ciudad de Sagunto.

La Primera República fue un ensayo, frustrado, de recomponer sobre nuevos supuestos políticos, morales y territoriales el Estado y la nación españoles surgidos de la revolución liberal en las décadas treinta y cuarenta.

El proyecto republicano expresaba las aspiraciones de unas clases populares que rechazaban de plano ese diseño social e institucional. La República significaba democracia, laicismo y descentralización, cultura cívica frente a la militar, aspiraciones sociales de las clases populares frente al dominio de las clases medias y altas.

Se confrontaron en España tres proyectos de construcción del Estado en el siglo XIX:

El modelo liberal.

El modelo tradicionalista o carlista.

El modelo republicano federal.

El que se impuso en las décadas de los años 1830 y 1840, fue el liberal basado en la monarquía constitucional con voto censitario, la confesionalidad católica del Estado y un modelo centralizado de organización territorial.

Surgió el republicanismo federal hacia mediados de siglo XIX, que proponía un modelo radicalmente diferente del liberal. Frente a la monarquía constitucional censitaria, la república democrática con sufragio universal masculino como principio fundamental. Frente al Estado confesional, el Estado neutro en las relaciones con la Iglesia. Frente al Estado centralizado y unitario, el federalismo.

El republicanismo federal respondía a las aspiraciones de las clases populares y de una parte de las clases medias, por lo que no sólo era un proyecto político, sino también social en cuanto se proponía aplicar una serie de reformas que las satisficieran, que incluso podían afectar al derecho de propiedad.

Se trataba de dar voz a aquellos sectores de la sociedad española que habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional y de articulación del Estado desarrollado bajo la hegemonía del moderantismo.

El federalismo republicano tuvo más que ver con todo el espectro de cuestiones relacionadas con la democracia y la democratización, que con asuntos técnicos de organización territorial.

La democracia consistía en extender a todos los varones mayores de edad la capacidad de decidir sobre su destino. La federación constituía un paso más en este sentido pues implicaba ampliar a todas las esferas sociales esta capacidad de decisión. No se limitaba a la elección de representantes para el gobierno nacional, sino que implicaba decidir, de una manera expedita e inmediata, sobre cuestiones provinciales y locales.

Tras décadas de dominio moderado de ayuntamientos y diputaciones, la propuesta federal significaba la recuperación la recuperación del poder para llevar a cabo las reformas que se consideraban imprescindibles, la mayoría de las cuales tenía que ver con relaciones laborales, precios de productos de primera necesidad y la distribución de la tierra.

La identificación entre democracia, república y federación se oficializó con la refundación en el año 1869 del Partido Democrático, nacido en 1849, como Partido Republicano Democrático Federal.

La forma específica de construcción de la República federal no se acordó hasta la celebración de la Iª Asamblea Federal del año siguiente, tras un intenso debate. Triunfó la fórmula pactista defendida por Francisco Pi y Margall, frente a las tesis organicistas de construcción de arriba abajo propugnadas por Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

Se acordó en dicha Asamblea adoptar la vía legalista, frente a la vía insurreccional, que ya se había ensayado en el otoño del año 1869, tras la aprobación de la Constitución, que establecía la Monarquía como forma de gobierno.

La ruptura interna del partido entre benevolentes e intransigentes se produjo en el marco de la IIIª Asamblea federal celebrada en el año 1872. Mientras que los primeros seguían apostando por la vía legalista, los segundos defendían la vía insurreccional, aplicando la tradición del republicanismo, que la consideraba legítima, en cuanto estuvieran en peligro las libertades individuales que eran inherentes a la dignidad humana.

Un grupo de intransigentes ya habían abandonado el Casino Republicano de Madrid en junio del año 1872, presidido por Pi y Margall, al no haber apoyado su propuesta de que el partido tomara el sendero revolucionario que su origen y tradiciones le marcan.

Se producirán insurrecciones republicanas federales en el otoño de ese año, encabezadas por los intransigentes, en Andalucía, Extremadura, Cataluña, Valencia y Aragón, prefigurando la práctica política observada por los cantonales unos meses después.

Amadeo I de Saboya renunció oficialmente el día once de febrero del año 1873. El detonante final fue la crisis del gobierno radical de Manuel Ruiz Zorrilla, originada a causa del conflicto artillero iniciado con el nombramiento de capitán general a Baltasar Hidalgo de Quintana. Todo el cuerpo de artillería pidió la licencia absoluta o retiro.

El Gobierno decidió la disolución del cuerpo de artillería, obteniendo el siete de febrero 191 votos en las Cortes, los mismos que habían elegido a don Amadeo, que no usó la prerrogativa regia a favor de los artilleros y firmó el decreto de disolución del cuerpo de artillería.

Tras la dimisión del rey, el presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados para pedir a los diputados de su propio partido, con mayoría absoluta en la Cámara, que aprobaran la suspensión de las sesiones al menos veinticuatro horas, las suficientes para restablecer el orden.

Asimismo, pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I.

Sin embargo, se aprobó la moción del republicano federal, Estanislao Figueras, para que las Cortes se declararan en sesión permanente, a pesar del intento de Ruiz Zorrilla de que los radicales no la apoyaran. Mientras tanto, el edificio del Congreso de los Diputados había sido rodeado por una multitud que exigía la proclamación de la República, aunque la milicia nacional logró disolverla.

La sesión se suspendió a las nueve de la noche y se nombró una comisión de diputados para permanecer en el hemiciclo. Sobre esa hora varios generales y políticos constitucionales estaban reunidos, convocados por el general Serrano, para decidir si daban un golpe de fuerza. La mayoría estimaron que no contaban con apoyos suficientes.

Al día siguiente, martes once de febrero, los jefes de distrito republicanos amenazaron al Congreso de los Diputados con que, si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde, iniciarían una insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus diputados en Madrid en el mismo sentido.

Se reanudó la sesión del Congreso de los Diputados a las tres de la tarde, rodeado por una multitud que daba gritos en favor de la República. Se cerraron las puertas y varios diputados republicanos federales se asomaron a las ventanas para pedir calma.

Dentro del Congreso los ministros demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes del Congreso y del Senado, decidieron que se reunieran ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I.

A continuación, ante la ausencia del presidente del Gobierno Ruiz Zorrilla, el ministro Martos anunció que el Gobierno devolvía sus poderes a las Cortes, con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado. Entonces, varios diputados republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos cámaras, constituidas en Asamblea Nacional, aprobaran como forma de gobierno la República y eligieran un Ejecutivo responsable ante aquella.

Pi Margall intervino para decir que los republicanos federales no pedían en aquel momento la proclamación de la República Federal, diciendo “que es preciso que todos hagamos algún sacrificio de nuestras ideas”, y que la definición de la República la determinarían las futuras Cortes Constituyentes.

La proposición decía así:

“La Asamblea Nacional asume todos los Poderes y declara como forma de Gobierno de la Nación la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de Gobierno”.



Manuel Ruiz Zorrilla hasta entonces presidente del Gobierno, intervino para decir:

“Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana”.



El republicano, Emilio Castelar pronunció un discurso que fue respondido con encendidos aplausos:

“Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria”.



A las nueve de la noche del once de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32.

La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.



Volvieron a reunirse las Cámaras para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal, Estanislao Figueras, quien estaría al frente de un Gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales, e integrado por tres republicanos y cinco radicales.

Cristino Martos fue elegido presidente de la autoproclamada Asamblea Nacional por 222 votos, frente a los 20 que reunió, Nicolás María Rivero.



El dieciséis de febrero, el periódico republicano de Barcelona, “La Campana de Gracia”, publicó el siguiente artículo en catalán:

“¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos, ciudadanos! El trono ha caído para siempre en España. Ya no habrá otro rey que el pueblo, ni más forma de gobierno que la justa, santa y noble República federal.



¡Republicanos españoles! En estos momentos solemnes de los que depende la vida de las naciones, es cuando se conocen a los hombres y es cuando se conocen a los pueblos.

Damos nuestro apoyo moral a los hombres a los que hemos dado nuestros aplausos, a quienes hemos hecho objeto de nuestro entusiasmo. ¡Pongámonos a sus órdenes, bajo la bandera de nuestros principios inmaculados e íntegros, y derribemos cuantos obstáculos se presenten, para erigir definitivamente en España el templo del derecho, de la justicia, de la moralidad y de la honra, que es el de la República democrática federal!”

Estanislao Figueras desempeñó el cargo de presidente del Poder Ejecutivo, pero no el de presidente de la República, pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución republicana.



El primer Gobierno de la República tuvo que afrontar una situación económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas.



El Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia de la tercera guerra carlista y la guerra de Cuba, por lo que no había suficientes soldados, ni armamento ni dinero; una grave crisis económica, coincidente con una gran crisis mundial en el año 1783.



El problema más urgente que tuvo que atender el nuevo Gobierno fue restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales. Estos habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares.



La República también se identificó con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la revolución del 68 que no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:

Si la República viene,

No habrá quintas en España,

Por eso aquí hasta la Virgen,

Se vuelve republicana.

El Gobierno de Figueras

El encargado de la tarea de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación, Pi y Margall, principal defensor del federalismo pactista de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Consiguió la disolución de las juntas y la reposición de los ayuntamientos, que habían sido suspendidos a la fuerza



Pi y Margall escribió que el lema de la República era “Orden, Libertad, Justicia”. No olvidar que la insurrección deja de ser un derecho desde el momento en que es universal el sufragio, sin condiciones la libertad y sin el límite de la Autoridad la Real Soberanía del pueblo.



Pi y Margall comenzó a nombrar gobernadores republicanos en sustitución de los monárquicos, muchos de ellos radicales, convirtiéndose esta cuestión en el principal motivo de confrontación en el seno del gobierno debido a que la influencia de los gobernadores civiles era decisiva en los resultados electorales.

Figueras firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría una peseta diaria y un chusco. Los integrantes de la milicia de los Voluntarios de la República recibían un sueldo de 50 pesetas al alistarse, más dos pesetas y un chusco diarios.

Solo trece días después de haberse formado, el nuevo Gobierno se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y los republicanos



Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, para intentar un golpe de Estado que desalojara del Gobierno a los republicanos federales y le permitiera formar uno exclusivo de su partido, que diera paso a una república liberal-conservadora.



Martos buscó el apoyo del general, Domingo Moriones que era el jefe del Ejército del Norte, al que se proponía nombrar capitán general de Castilla la Nueva. Moriones, en traje de campaña, ordenó a dos batallones que ocuparan el Congreso de los Diputados. En estas condiciones se produjo la elección de Martos, votado por sus compañeros de partido que ostentaban la mayoría, como nuevo presidente del Poder Ejecutivo.



Pero las maniobras de Martos no tuvieron éxito, gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que movilizó a la guarnición de Madrid y a los Voluntarios de la República, que consiguieron contrarrestar el golpe. Pi y Margall se enfrentó a Martos y calificó de alevosa y traidora su conducta. Así se formó el segundo Gobierno de Figueras, del que salieron los ministros radicales Se acordó disolver la Asamblea Nacional, donde los radicales gozaban de mayoría absoluta.



El ocho de marzo, cuando la Asamblea Nacional iba a discutir la propuesta de suspensión de la misma, Cristino Martos intentó un nuevo golpe de fuerza con el mismo objetivo de formar un Gobierno exclusivamente radical, esta vez presidido por su compañero de partido, Nicolás Rivero, y que contaba con el apoyo del general Serrano, líder del monárquico partido constitucional.

Los diputados radicales seguidores de Rivero, y él mismo, temerosos de que la formación de un Gobierno radical provocara un levantamiento de los republicanos intransigentes, no apoyaron la iniciativa de Martos y votaron a favor de la suspensión de la Asamblea.

El nueve de marzo, al día siguiente en que en Madrid tenía lugar el intento de golpe de Estado, la Diputación de Barcelona, dominada por los republicanos federales intransigentes, volvía a intentar proclamar el Estado Catalán, como ya había hecho el doce de febrero. Solo los telegramas que les envió Pi y Margall les hizo desistir.



Los radicales intentaron un tercer golpe de Estado el veintitrés de abril. Esta vez contaban con el apoyo de militares conservadores, como el general Pavía, capitán general de Madrid, el almirante Topete o, el general Serrano y con civiles del partido constitucional, encabezados por Sagasta que querían evitar la proclamación de la República Federal.



Una vez más, la actuación decidida del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que conocía los planes de los golpistas, desbarató la intentona:

Primero, sustituyó al general Pavía al frente de la Capitanía General de Madrid por el general Hidalgo.
Ordenó a la guardia civil y a la milicia de los voluntarios de la República que atacaran la plaza de toros, donde habían concentrado a los voluntarios de la libertad, que depusieron las armas después de unos pocos disparos.
Entonces, grupos federales armados rodearon el Palacio del Congreso, donde estaba reunida la Comisión Permanente que tenía previsto destituir al Gobierno y reunir a la Asamblea Nacional para que nombrara presidente del Poder Ejecutivo al general Serrano.
La mayoría de los implicados en el golpe frustrado se fueron del país, algunos de ellos disfrazados para no ser reconocidos, como el general Serrano o Cristino Martos. Al día siguiente, un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por Pi y Margall, disolvió la Comisión Permanente.

No hubo lucha electoral en las elecciones, pues optaron por no presentar candidatos, además de radicales y constitucionales, los carlistas, que estaban alzados en armas, y los alfonsinos, que no reconocían a la República.
La aplastante mayoría de que gozaban los republicanos federales en las Cortes Constituyentes era, sin embargo engañosa, porque en realidad sus diputados estaban divididos en tres o cuatro grupos.

Se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes, el uno de junio del año 1873, bajo la presidencia del veterano republicano, José María Orense, comenzó la presentación de propuestas. El siete de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:

“Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal”.

El ocho de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 218 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República Federal. Así narraba, Pérez Galdós el clima parlamentario de la República:

“Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena”.


Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, el presidente Figueras llegó gritar en catalán: “Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!”.

Se reúnen las Cortes Constituyentes, Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco Pi y Margall; pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento de formar gobierno.

Figueras tuvo conocimiento de que el general intransigente, Juan Contreras preparaba un golpe de Estado para iniciar la República federal desde abajo al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su Gobierno.

El diez de junio, Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, huyó a Francia. Se fue a dar un paseo y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de Madrid; no se bajó hasta llegar a París. Figueras no se marchó por una depresión sino porque se sintió abandonado por todos.

El intento de golpe de Estado se produjo al día siguiente cuando una masa de republicanos federales instigados por los intransigentes rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, mientras el general Contreras, al mando de la milicia de los Voluntarios de la República, tomaba el Ministerio de la Guerra.

Los moderados Castelar y Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo, pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. Finalmente, los intransigentes aceptaron la propuesta, aunque bajo la condición de que fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del Gobierno que iba a presidir Pi y Margall.

El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.

El Gobierno de Pi y Margall.

El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.

El Gobierno de Pi y Margall

El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes, con el lema “Orden y Reformas”, intentaba conciliar a todas los grupos republicanas federales de las Cortes. Se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación Iglesia-Estado, el fin de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores.
Las Cortes aprobaron el veinticuatro de julio de 1873 una ley que regulaba el trabajo de los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. El veinte de agosto se dictan reglas “para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y otros de igual naturaleza”.

Se constituía en las Cortes la Comisión que debía elaborar el proyecto de Constitución federal el veinte de junio y el gobierno anuncia la convocatoria de elecciones municipales que se celebrarían entre el doce y el quince de julio, lo que provocó el rechazo de los intransigentes.

El gobierno pronto se mostró inoperante tanto en la elaboración del proyecto de Constitución como en la promulgación de las reformas sociales a causa de la heterogeneidad de su composición y su dependencia de la derecha, o de la labor de bloqueo que realizaban los ministros intransigentes.

Para solucionar ese problema se presentó en las Cortes una proposición encabezada por Emilio Castelar para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. Su aprobación le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por otros del sector moderado, naciendo así un Gobierno de coalición entre los centristas y los moderados de Castelar y Salmerón.

La respuesta de los intransigentes fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención, de la que emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo.

La propuesta fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al Gobierno y, a continuación, el veintisiete de junio, los intransigentes presentaron un voto de censura contra el Gobierno, que incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los intransigentes, con un giro a la derecha.

El treinta de junio, Pi y Margall pidió a las Cortes facultades extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al País vasco-navarro y a Cataluña. Los intransigentes se opusieron radicalmente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la «tiranía» y la pérdida de la democracia.

Aprobada la propuesta por las Cortes, el Gobierno publicó un manifiesto en el que, después de justificar los poderes extraordinarios que había recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva, pues “la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas”.

La respuesta de los intransigentes a la asunción de poderes excepcionales por parte del Gobierno de Pi y Margall y al bando del gobernador civil de Madrid que limitaba las garantías de los derechos individuales fue abandonar las Cortes el uno de julio.

Tras el abandono de las Cortes por los intransigentes, el Comité de Salud Pública, hizo un llamamiento a la inmediata y directa formación de cantones. Se publica un manifiesto que decía: “si la República realista se amotinase contra este Comité, este Comité se amotinaría contra aquella República amotinada, porque hemos resuelto amotinarnos contra el amotinador”. Inmediatamente varios diputados y agentes intransigentes partieron de Madrid para alentar la sublevación en diferentes provincias.

Pi y Margall condenó la vía insurreccional que propugnaban los intransigentes para poner en práctica el federalismo pactista de abajo arriba, que él mismo había defendido, porque estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada» no para una “República que ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica”.

El gobierno de Pi y Margall hacía ya frente a la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista pero a esto tuvo que enfrentarse a la llamada revolución del petróleo que se había iniciado en Alcoy el siete de julio con una huelga en la industria papelera.

A raíz de los acontecimientos de Alcoy y, sobre todo, de Cartagena, el centro-derecha de Salmerón y sobre todo la derecha de Castelar iniciaron una campaña de acoso y derribo al gobierno de Pi y Margall alertando sobre la amenaza socialista.

Pi y Margall, apoyado por la mayoría de sus ministros se negó a aplicar las medidas de excapción, que incluían la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal y la vía del diálogo harían entrar en razón a los sublevados.

Pi y Margall no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el telegrama que envió como ministro de la Gobernación a todos los gobernadores civiles el trece de julio, tres la proclamación en Cartagena del Cantón Murciano el día anterior.

La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal se aprecia también en las instrucciones que dio al general republicano Ripoll en su cometido de acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de un ejército de operaciones con base en Córdoba y le decía:

“Confío tanto en la prudencia de Vd. como en su temple de alma. No entre en Andalucía en son de guerra. Haga Vd. comprender a los pueblos que no se forma un ejército sino para garantizar el derecho de todos los ciudadanos y hacer respetar los acuerdos de la Asamblea. Tranquilice Vd. a los tímidos, modere a los impacientes; manifiésteles que con sus eternas conspiraciones y frecuentes desórdenes están matando a la República. Mantenga siempre alta su autoridad. Apele, ante todo, a la persuasión y al consejo. Cuando no basten no vacile en caer con energía sobre los rebeldes. La Asamblea es hoy el poder soberano”.

Pi y Margall pidió a las Cortes el quince de julio, que se discutiera y aprobara rápidamente la nueva Constitución para así frenar la extensión de la rebelión cantonal. El diecisiete de julio, se dio lectura al Proyecto de Constitución Federal de la República Española que había redactado en un día por Emilio Castelar.

Pi y Margall intentó formar uno nuevo que agrupara a todos los sectores de la Cámara, incluido el formado por diputados intransigentes no implicados en la insurrección de Cartagena y que habían vuelto a la Cámara rompiendo el retraimiento, para lo que pidió el voto de confianza, pero el resultado le fue adverso al obtener el apoyo de solo 93 diputados, frente a los 119 que obtuvo Nicolás Salmerón.

Lo que había sucedido era que como la política de Pi y Margall de persuasión y represión no había conseguido detener la rebelión de Cartagena, el sector moderado había votado a favor de Nicolás Salmerón.

Al día siguiente, Pi y Margall dimitió tras 37 días de mandato. En su despedida Pi Margall afirmó que su política había sido objeto no ya de censuras, sino de ultrajes y calumnias.

Pi y Margall explicó a la Cámara por qué en aquellos momentos había defendido la construcción federal de arriba a abajo, y no de abajo a arriba como siempre lo había hecho, y por lo que algunos le habían acusado de haber sido el promotor ideológico de la rebelión cantonal:

“Desde los bancos de la oposición había yo tenido el valor, estando en armas mis correligionarios, de declarar que la insurrección dejaba de ser un derecho y pasaba a ser un crimen desde el instante en que el libre pensamiento podía realizarse por medio del sufragio universal; desde el banco ministerial había sostenido que la insurrección no sólo era un crimen, sino el más grande de los crímenes bajo el régimen de la libertad, porque los demás afectan sólo intereses privados, y el de rebelión afecta a los altos intereses de la sociedad y de la patria.

Han atribuido algunos estas acusaciones al hecho de haber predicado que la República federal debe venir de abajo arriba y no de arriba abajo. Es cierto: yo había defendido esa doctrina, y la había sostenido y la había acariciado; pero teniendo en cuenta la unidad de la Patria, y deseando que no se la quebrantara ni por un solo momento, hablaba siempre de la necesidad de un poder central para que mientras se constituyeran en estados las provincias. Abandoné después esa teoría. ¿Por qué? Porque yo no soy árbitro de la marcha de los acontecimientos, porque yo sostenía esta teoría en el concepto de que mi partido viniese a ocupar el poder por medio de una revolución a mano armada. Habría sido entonces natural que la revolución se hiciese de abajo arriba; pero la República ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica. Fui yo el primero que al redactar la proposición por la cual se proclamaba la República como forma de gobierno, acepté que unas Cortes Constituyentes viniesen a definir y a organizar la República”.

El Proyecto de Constitución Federal
En el programa de gobierno que presentó Pi y Margall a las Cortes se señaló como una de sus prioridades la rápida aprobación de la Constitución de la República, por lo que inmediatamente se eligió una comisión de veinticinco miembros encargada de redactar el proyecto.

El moderado Emilio Castelar escribió en veinticuatro horas el que sería asumido por el conjunto de la comisión y presentado a las Cortes para su debate. El proyecto no satisfizo ni a los radicales, ni a los constitucionales ni tampoco a los republicanos federales intransigentes, que acabarían presentado otro proyecto constitucional.

El Proyecto redactado por Emilio Castelar reflejó su concepción de la República como la forma de gobierno más adecuada para que entraran en ella todas las opciones liberales. Según su parecer, no se podía conciliar la democracia con la monarquía, como lo había demostrado la experiencia de Amadeo I de Saboya.

Para que la República fuera aceptable para las clases conservadoras y medias, era necesario acabar con lo que Castelar llamaba demagogia roja, que confundía la república con el socialismo. El proyecto de Constitución federal presentado ante las Cortes fuera una continuación de los principios establecidos en la Constitución del año 1869.

Su proyecto se basaba en una rígida separación de poderes, todos electivos.

– El presidente de la República no era elegido por las Cortes, sino mediante unas juntas electorales votadas en cada estado regional. – Estas emitirían su voto, y el candidato que obtuviera la mayoría absoluta sería proclamado por las Cortes. Su función fue la de ejercer el llamado poder de relación entre las diferentes instituciones.
– Los diputados y senadores no podían formar parte del Gobierno, ni este asistir a las reuniones de las Cámaras.
– El poder judicial se basaba en el jurado para todo tipo de delitos.
– En cuanto a la estructurafederal, cada Estado gozaría de toda la autonomía política compatible con la existencia de la nación. Podría dotarse de una Constitución propia siempre que no fuera contraria a la federal y tener su propia Asamblea Legislativa.
– Los municipios elegirían a sus concejales, alcalde y jueces por sufragio universal.

El proyecto de Constitución constaba de un preámbulo, 117 artículos que estaban organizados en 17 títulos.

Su artículo más discutido, fue el primero, donde se establecía la división territorial de la República, y en la que se incluyó a Cuba y a Puerto Rico como forma de resolver el problema colonial, añadiéndose más adelante que leyes especiales regularían la situación de las otras provincias ultramarinas.

Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.

El Gobierno de Nicolás Salmerón

Nicolás Salmerón fue el tercer presidente del Poder Ejecutivo de la República. Era un moderado que defendía la transición gradual hacia la república federal. El lema de su gobierno fue “imponer a todos el imperio de la ley” y situó como prioridad acabar con la rebelión cantonal, para después ocuparse de los carlistas.

A partir del diecinueve de julio la rebelión cantonal se extendió fuera de Cartagena porque muchos republicanos federales, no sólo los intransigentes, pensaron que con Nicolás Salmerón al frente del gobierno sería imposible.

Entre el diecinueve y el veinticuatro de julio el movimiento cantonal se generalizó por las regiones de Andalucía, de Murcia y de Valencia, e incluso por las provincias de Salamanca y Ávila. La historia del cantonalismo la hemos visto en otro artículo.

La mayoría que apoyaba al gobierno de Nicolás Salmerón empezó resquebrajarse cuando la derecha republicana, encabezada por Emilio Castelar, exigió que se suspendiesen temporalmente las sesiones de las Cortes, se gobernase por decreto y que se restableciesen las Ordenanzas militares, incluida la pena de muerte, con el fin de asegurar que los oficiales fueran obedecidos por la tropa.

Una reivindicación de los mandos militares ya que había habido algún asesinato del oficial al mando. Este problema se puso en evidencia el uno de septiembre cuando casi un centenar de jefes y oficiales se negaron a ir a Cataluña, con la misión de restaurar la disciplina de varios batallones, si no se restablecían las ordenanzas, alegando que sin ellas carecían de autoridad.

Entonces Emilio Castelar presentó una propuesta a favor de una política más enérgica para acabar con la insurrección que consiguió el apoyo de unos 130 diputados, mientras que el grupo reformista que apoyaba a Salmerón se mostró dividido sobre la suspensión temporal de las sesiones de la Asamblea, pero rechazó, Salmerón incluido, el restablecimiento de las ordenanzas militares que incluía la pena de muerte.

El centro-izquierda también se opuso a la suspensión de las sesiones de la Asamblea y al restablecimiento de la pena de muerte y acusó a la nueva mayoría que se estaba formando en torno a Castelar de falta de federalismo.

El seis de septiembre, Nicolás Salmerón dimitía de la presidencia del Poder Ejecutivo, a pesar de que Emilio Castelar intentó convencerle para que no lo hiciera. El motivo inmediato de la dimisión fue no tener que firmar las sentencias de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado a los carlistas. Salmerón era contrario a la pena de muerte.

A esto hay que añadirle otras causas como la conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad. Román Miguel González añade un tercer motivo que considera el fundamental: “Era claro que su gobierno estaba cada vez más mediatizado por el apoyo de una mayoría hegemonizada por la derecha y con la que se mostraban crecientemente disconformes destacados miembros de su grupo de centro-derecha”.

En la sesión de las Cortes del seis de septiembre, en que se discutió la dimisión de Nicolás Salmerón y el nombramiento de Emilio Castelar para sustituirle, Pi y Margall, que estaba recuperando apoyos a su programa centrista de “Orden y Reformas”, realizó una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión cantonal:

“El Gobierno ha vencido a los insurrectos, pero ha sucedido lo que yo temía: han sido vencidos los republicanos. ¿Lo han sido los carlistas? No. Ínterin ganabais vitalidad en el mediodía, los carlistas la ganaban en el norte. […] Yo no hubiese apelado a vuestros medios, declarando piratas a los buques de que se apoderaron los federales; yo no hubiese permitido el que naciones extranjeras, que ni siquiera nos han reconocido, viniesen a intervenir en nuestras tristísimas discordias. Yo no hubiese bombardeado Valencia. Yo os digo que, por el camino que seguís es imposible salvar la República, porque vosotros desconfiáis de las masas populares y sin tener confianza en ellas, es imposible que podáis hacer frente a los carlistas”.



El Gobierno de Emilio Castelar

El 7 de septiembre de 1873, Emilio Castelar fue investido por las Cortes para ocupar la Presidencia del gobierno. Recibió el apoyo no sólo de los diputados de la derecha sino también del centro-derecha de Salmerón, consiguió 133 votos y Pi y Margall 67.

Durante un acalorado debate que había tenido lugar en las Cortes el 30 de julio Castelar había dicho lo siguiente:



“Yo amo con exaltación a mi patria, y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a las más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas y que íntegro debemos delegar a las generaciones venideras”.



Solo dos días después de haber sido investido presidente del Poder Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las las pedidas por Pi y Margall para el País Vasco y Navarra y para Cataluña para combatir a los carlistas, pero ahora extendidas a toda España para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal.

El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que supondría paralizar la discusión y la aprobación del proyecto de Constitución federal, para lo que Castelar tuvo que emplearse a fondo y poner en juego todo su prestigio personal.



El dieciocho de septiembre la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la oposición de los centristas de Pi y Margall y de los intransigentes que habían vuelto a la Cámara, fueron 124 votos a favor y 68 en contra. Así, las Cortes quedaron suspendidas desde el veinte de septiembre del año 1873 hasta el dos de enero de 1874.

La intervención de Pi y Margall en el debate del dieciocho de septiembre se había centrado en exigir que las sesiones continuaran hasta que se aprobara la Constitución, alegando que los períodos de interinidad son peligrosos y ocasionados a turbulencias y desórdenes.



Pi y Margall afirmó que la pretensión de incorporar a la República a los constitucionales y a los radicales era una ilusión “porque los partidos en España serán siempre partidos, y tenderán siempre a alcanzar el poder por los medios que puedan”.



El problema político está en demostrar que con la República hay orden, hay autoridad, hay respeto a la ley, hay castigo para el criminal, hay guerra para los pronunciamientos, hay horror a la anarquía. La República puede crear una sociedad fuerte, un Estado respetado dentro de la federación, dentro de la libertad y dentro de los intereses de la integridad, unidad y prosperidad de la Patria.

Los poderes extraordinarios que obtuvo Castelar y la suspensión de las sesiones de las Cortes le permitieron gobernar por decreto, facultad que utilizó inmediatamente para reorganizar el cuerpo de artillería disuelto hacía unos meses, llamar a los reservistas y convocar una nueva leva con lo que consiguió un ejército de 200.000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de cien millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra. También incorporó 35. 000 nuevos guardias civiles y reorganizó y militarizó la milicia ciudadana y la purgó de federalistas.

Además Castelar recuperó las ordenanzas militares que se aplicarían con todo rigor, incluida la pena de muerte «establecida en todos los códigos militares en todos los códigos militares del mundo sin excepción», argumentó Castelar, y estableció la imposición de multas de 5.000 pesetas a las familias cuyos hijos desertaran.

También promulgó varios decretos que limitaban los derechos y las libertades ciudadanas, como la prohibición de ausentarse de una localidad sin la preceptiva cédula oficial de identificación o la prohibición a los periódicos de publicar noticias sobre la rebelión que no fueran las notas oficiales.



Tras la suspensión de las Cortes, Castelar inició su proyecto de acercamiento a las clases conservadoras, sin cuyo apoyo, según él, la República no podría perdurar, ni siquiera alcanzar la estabilidad política para poder hacer frente a las tres guerras civiles en que estaba envuelta.

En uno de sus discursos ante la Cámara Castelar había dicho: “Quiero probar que la autoridad es compatible con la República, y el orden con la libertad, única política posible porque la Europa entera nos mira con desconfianza”.

El acercamiento a los constitucionalistas y a los radicales por parte Castelar encontró la oposición de los centristas de Pi y Margall y del «moderado Nicolás Salmerón y de sus seguidores, que hasta entonces habían apoyado al gobierno, porque creían que la República debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recién llegados.

Se había producido un acercamiento entre Salmerón y Pi y Margall, a pesar de las graves discrepancias que habían mantenido en los meses anteriores, y querían formar un gran Centro que agrupase al centro-derecha y al centro-izquierda, lo que fue interpretado por los seguidores de Castelar y por la extrema derecha monárquica y republicana unitaria como la vuelta de la amenaza socialista y de la disolución de la Patria.



Un nuevo motivo de distanciamiento entre Salmerón y Castelar fue el acuerdo al que había llegado este último con el Vaticano para cubrir veinte diócesis que estaban vacantes, entre ellas sedes tan importantes como las de Toledo, Tarragona o Santiago de Compostela.



Hay rumores cada vez más insistentes de que se estaba preparando un golpe de Estado. Emilio Castelar llamó a su despacho el veinticuatro de diciembre al general Pavía que era Capitán General de Castilla la Nueva nombrado por él mismo tras su exitosa campaña militar que puso fin al cantonalismo andaluz, para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no participara en la intentona.

Pavía le expreso su preocupación por la posibilidad de que su gobierno cayera y le pidió que prolongara la suspensión de las Cortes. Castelar le dijo que no se separaría un ápice de la legalidad y el general Pavía le respondió: “Yo lo seguiré a usted a todas partes”.

El treinta de diciembre, se reunían Salmerón y Pi y Margall, con Figueras como testigo. Salmerón habló de la necesidad de poner fin al gobierno de Castelar porque estaba perdiendo la República con sus exageraciones autoritarias. Pi y Margall coincidió con él y abogó por la inmediata organización federal del país como único medio de salvar la República, por lo que la tarea prioritaria de las Cortes sería reanudar el debate sobre la Constitución Republicana.

Acordaron plantear un voto de censura contra el gobierno de Castelar cuando se reabrieran las Cortes el dos de enero y constituir uno alternativo de transición en el que no estaría presente ninguno de los dos, aunque no se habló de quién iba a presidirlo.



Fernando VII y el trienio liberal

Cuando se reabrieron las Cortes el dos de enero del año 1874, el Capitán General de Madrid, el general Pavía tenía preparadas sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. En el lado contrario, batallones de Voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar.



En la sesión de las Cortes, Nicolás Salmerón anunció que retiraba su apoyo a Castelar. En su discurso acusó a Castelar “de haber abandonado la política republicana: se ha roto la órbita trazada por los principios del partido republicano de tal manera, que ya en la situación no sólo predominan, sino que lo son todo las fuerzas conservadoras”.

Le respondió Emilio Castelar haciendo un llamamiento al establecimiento de la “República posible» con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la demagogia, el gran enemigo de la República, cuya culpa recaía en esos que, hablando de una utopía socialista que prometían edenes que no han podido traer a la Tierra a pesar de haber estado en el Gobierno”.

El tres de enero se votó la moción de confianza al gobierno presentada por varios diputados de la derecha en la que Castelar salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a este a presentar la dimisión. Se hizo un receso durante el cual Pi y Margall, Salmerón y Figueras, junto con otros dos diputados, se reunieron para acordar quién iba a presidir el gobierno.



A las siete menos cinco de la mañana se reanudó la sesión y cuando se estaba iniciando la votación de investidura del nuevo gobierno se supo que las tropas Pavía habían rodeado el edificio del Congreso y el propio general se encontraba en la plaza.

Dos ayudantes suyos le entregaron una nota a Salmerón, presidente de las Cortes, para que desalojara. Le dieron cinco minutos de plazo para cumplirla. Salmerón les dijo que le comunicaran a Pavía que estaba atentando contra la soberanía nacional y contra la República y “que el tribunal del pueblo será inexorable contra el autor de semejante crimen”. Salmerón informó a los diputados lo que estaba sucediendo a lo que estos respondieron con vivas a la soberanía nacional y mueras a los traidores y a Pavía.



A continuación penetraron en el edificio los soldados del regimiento de Mérida, seguidos por los guardias civiles encargados de la custodia del edificio al mando de coronel Iglesias, que se había pasado al lado de los golpistas.

Nada más desalojar el Congreso, Pavía envió un telegrama a los jefes militares de toda España en el que les pedía su apoyo al golpe, que el general llamaba “mi patriótica misión, conservando el orden a todo trance”.

Como Castelar había rehusado el ofrecimiento del general Pavía para que presidiera el gobierno nacional que él proponía porque no estaba dispuesto a mantenerse en el poder por medios antidemocráticos.

La presidencia del gobierno la asumió el general Serrano, quien se fijó como objetivo prioritario acabar con la rebelión cantonal y con la tercera guerra carlista. Su gobierno estuvo integrado por constitucionalistas, radicales y un republicano unitario.

Estos hechos supusieron el final de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más, con el general Serrano al frente.

La República unitaria

El general Francisco Serrano fu un antiguo colaborador de Isabel II, ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado durante el Sexenio Democrático. Al asumir la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y la presidencia del Gobierno, se fijó como objetivo acabar con la rebelión cantonal y la tercera guerra carlista, para luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno.

El general Serrano En el manifiesto que hizo público el ocho de enero un manifiesto, justificó el golpe de Pavía afirmando que el Gobierno que iba a sustituir al de Castelar hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo carlista.

Quedó así establecida la dictadura de Serrano, pues no existía Parlamento que controlara la acción del Gobierno, al haber quedado disueltas las Cortes republicanas, ni ley suprema que delimitara las funciones del poder Ejecutivo, porque se restableció la Constitución del año 1869, pero a continuación se la dejó en suspenso hasta que se asegurase la normalidad de la vida política.

La instauración de la dictadura no encontró resistencia popular, excepto en Barcelona, donde los días siete y ocho se levantaron barricadas y se declaró la huelga general. En los enfrentamientos con el ejército hubo una docena de víctimas, y los sucesos más graves se produjeron en Sarriá, a causa de un levantamiento encabezado por el Xich de les Barraquetes, al mando de unos ochocientos hombres.



Las primeras medidas que tomó el Gobierno de Serrano pusieron de manifiesto su carácter conservador. Gracias a que la Constitución de 1869 estaba suspendida, ordenó la inmediata disolución de la sección española de Asociación Internacional de Trabajadores, por atentar contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales.



El siete de enero promulgó un decreto de movilización, confirmado por el llamamiento extraordinario del dieciocho de julio, en el que se volvió al viejo sistema de las quintas, con el sorteo y la redención en metálico.

Imagen: Pi i Margall es nombrado presidente de la I República española

La supresión de los consumos tampoco fue respetada por la dictadura de Serrano, que el veintiséis de junio, restablecía este impuesto sobre los artículos de beber, comer y arder, además de otro sobre la sal y uno extraordinario sobre los cereales.

Acabada la rebelión cantonal, Serrano marchó al norte el veintiséis de febrero para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas. En Madrid dejó al general, Juan de Zavala al frente del Gobierno, y quedó él como presidente del Poder Ejecutivo de la República.

En septiembre, Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del Gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y, uno tras otro, los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.

En septiembre, Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del Gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y, uno tras otro, los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.

El uno de diciembre, Cánovas del Castillo tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sandhurst, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso, en el que este se definía como hombre del siglo, verdaderamente liberal, afirmación con la que buscaba la reconciliación de los liberales en torno a su monarquía y en el que unía los derechos históricos de la dinastía legítima con el gobierno representativo y los derechos y libertades que le acompañan.

Imagen/articulo: Las dificultades de la Masonería en los albores de la Primera República

Era la culminación de la estrategia que había diseñado Cánovas desde que había asumido la jefatura de la causa Alfonsina, el veintidós de agosto del año 1873. Su finalidad consistía en crear mucha opinión en favor de Alfonso con «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía.

El veintinueve de diciembre del año 1874, el general, Martínez Campos se levantó en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica, en la persona de don Alfonso de Borbón.

El único que tomó alguna iniciativa para oponerse al golpe fue el almirante Topete quien convenció a otros revolucionarios del año 1868 como Manuel Ruiz Zorrilla para que formaran una comisión que se entrevistara con el presidente Sagasta. Los acuerdos adoptados en dicha reunión no fueron llevados a cabo por Sagasta.

El treinta y uno de diciembre del año 1874, se formó el llamado Ministerio-Regencia, presidido por Cánovas del Castillo, a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra.

Me gusta siempre conocer la visión que da Benito Pérez Galdós de este periodo histórico, pues fue un republicano convencido. Dedico sus dos últimos Episodios Nacionales a la Primera República.



Se centró en los políticos del año 1873, diciendo: “que no estuvieron a la altura de su misión. Carecieron de energía y realismo, de conciencia de su más imperiosa obligación ciudadana; anduvieron sobrados de ingenuidad e idealismo para para defender y consolidar el nuevo régimen”.

Esta percepción era compartida por la mayoría de los republicanos, aunque “con ello, contribuyeron, sin buscarlo, a los discursos que deslegitimaban la república per se, no solo la del 73”.

Los sectores conservadores y reaccionarios mantuvieron unas visiones bastante constantes más o menos tremendistas acerca de aquella forma de gobierno marcada por la anarquía, el caos y el desmembramiento de la nación.



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Se proclamó la Primera República por las Cortes, el once de febrero del año 1873, y duró hasta el veintinueve de diciembre del año 1874, cuando el levantamiento del general Martínez Campos provocó la restauración de la monarquía de los Borbones.

El periodo republicano estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos:

La guerra en Cuba con una duración de diez años.
La tercera guerra carlista.
La sublevación cantonal.
El Gobierno de Figueras
El Gobierno de Pi y Margall
El Proyecto de Constitución Federal
El Gobierno de Nicolás Salmerón
El Gobierno de Emilio Castelar
La República unitaria
El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. Se sucedieron cuatro presidentes del Poder Ejecutivo en once meses, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta el golpe de Estado del general Pavía del tres de enero del año 1874.

Este golpe militar puso fin a la república federal y dio paso a la instauración de una república unitaria bajo la dictadura del general Serrano, líder del conservador Partido Constitucional. Este periodo también se vio interrumpido por el pronunciamiento del general Martínez Campos en diciembre del año 1874.

La Primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza con la revolución del año 1868 que dio paso al reinado de Amadeo I de Saboya, al que siguió la Iª República, y termina con el pronunciamiento del general Martínez Campos en la ciudad de Sagunto.

La Primera República fue un ensayo, frustrado, de recomponer sobre nuevos supuestos políticos, morales y territoriales el Estado y la nación españoles surgidos de la revolución liberal en las décadas treinta y cuarenta.

El proyecto republicano expresaba las aspiraciones de unas clases populares que rechazaban de plano ese diseño social e institucional. La República significaba democracia, laicismo y descentralización, cultura cívica frente a la militar, aspiraciones sociales de las clases populares frente al dominio de las clases medias y altas.



Se confrontaron en España tres proyectos de construcción del Estado en el siglo XIX:



El modelo liberal.

El modelo tradicionalista o carlista.

El modelo republicano federal.

El que se impuso en las décadas de los años 1830 y 1840, fue el liberal basado en la monarquía constitucional con voto censitario, la confesionalidad católica del Estado y un modelo centralizado de organización territorial.



Surgió el republicanismo federal hacia mediados de siglo XIX, que proponía un modelo radicalmente diferente del liberal. Frente a la monarquía constitucional censitaria, la república democrática con sufragio universal masculino como principio fundamental. Frente al Estado confesional, el Estado neutro en las relaciones con la Iglesia. Frente al Estado centralizado y unitario, el federalismo.



El republicanismo federal respondía a las aspiraciones de las clases populares y de una parte de las clases medias, por lo que no sólo era un proyecto político, sino también social en cuanto se proponía aplicar una serie de reformas que las satisficieran, que incluso podían afectar al derecho de propiedad.

Se trataba de dar voz a aquellos sectores de la sociedad española que habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional y de articulación del Estado desarrollado bajo la hegemonía del moderantismo.



El federalismo republicano tuvo más que ver con todo el espectro de cuestiones relacionadas con la democracia y la democratización, que con asuntos técnicos de organización territorial.



La democracia consistía en extender a todos los varones mayores de edad la capacidad de decidir sobre su destino. La federación constituía un paso más en este sentido pues implicaba ampliar a todas las esferas sociales esta capacidad de decisión. No se limitaba a la elección de representantes para el gobierno nacional, sino que implicaba decidir, de una manera expedita e inmediata, sobre cuestiones provinciales y locales.



Tras décadas de dominio moderado de ayuntamientos y diputaciones, la propuesta federal significaba la recuperación la recuperación del poder para llevar a cabo las reformas que se consideraban imprescindibles, la mayoría de las cuales tenía que ver con relaciones laborales, precios de productos de primera necesidad y la distribución de la tierra.



La identificación entre democracia, república y federación se oficializó con la refundación en el año 1869 del Partido Democrático, nacido en 1849, como Partido Republicano Democrático Federal.



La forma específica de construcción de la República federal no se acordó hasta la celebración de la Iª Asamblea Federal del año siguiente, tras un intenso debate. Triunfó la fórmula pactista defendida por Francisco Pi y Margall, frente a las tesis organicistas de construcción de arriba abajo propugnadas por Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.



Se acordó en dicha Asamblea adoptar la vía legalista, frente a la vía insurreccional, que ya se había ensayado en el otoño del año 1869, tras la aprobación de la Constitución, que establecía la Monarquía como forma de gobierno.

La ruptura interna del partido entre benevolentes e intransigentes se produjo en el marco de la IIIª Asamblea federal celebrada en el año 1872. Mientras que los primeros seguían apostando por la vía legalista, los segundos defendían la vía insurreccional, aplicando la tradición del republicanismo, que la consideraba legítima, en cuanto estuvieran en peligro las libertades individuales que eran inherentes a la dignidad humana.



Un grupo de intransigentes ya habían abandonado el Casino Republicano de Madrid en junio del año 1872, presidido por Pi y Margall, al no haber apoyado su propuesta de que el partido tomara el sendero revolucionario que su origen y tradiciones le marcan.

Se producirán insurrecciones republicanas federales en el otoño de ese año, encabezadas por los intransigentes, en Andalucía, Extremadura, Cataluña, Valencia y Aragón, prefigurando la práctica política observada por los cantonales unos meses después.

Amadeo I de Saboya renunció oficialmente el día once de febrero del año 1873. El detonante final fue la crisis del gobierno radical de Manuel Ruiz Zorrilla, originada a causa del conflicto artillero iniciado con el nombramiento de capitán general a Baltasar Hidalgo de Quintana. Todo el cuerpo de artillería pidió la licencia absoluta o retiro.



El Gobierno decidió la disolución del cuerpo de artillería, obteniendo el siete de febrero 191 votos en las Cortes, los mismos que habían elegido a don Amadeo, que no usó la prerrogativa regia a favor de los artilleros y firmó el decreto de disolución del cuerpo de artillería.

Tras la dimisión del rey, el presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados para pedir a los diputados de su propio partido, con mayoría absoluta en la Cámara, que aprobaran la suspensión de las sesiones al menos veinticuatro horas, las suficientes para restablecer el orden.

Asimismo, pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I.



Sin embargo, se aprobó la moción del republicano federal, Estanislao Figueras, para que las Cortes se declararan en sesión permanente, a pesar del intento de Ruiz Zorrilla de que los radicales no la apoyaran. Mientras tanto, el edificio del Congreso de los Diputados había sido rodeado por una multitud que exigía la proclamación de la República, aunque la milicia nacional logró disolverla.

La sesión se suspendió a las nueve de la noche y se nombró una comisión de diputados para permanecer en el hemiciclo. Sobre esa hora varios generales y políticos constitucionales estaban reunidos, convocados por el general Serrano, para decidir si daban un golpe de fuerza. La mayoría estimaron que no contaban con apoyos suficientes.

Al día siguiente, martes once de febrero, los jefes de distrito republicanos amenazaron al Congreso de los Diputados con que, si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde, iniciarían una insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus diputados en Madrid en el mismo sentido



Se reanudó la sesión del Congreso de los Diputados a las tres de la tarde, rodeado por una multitud que daba gritos en favor de la República. Se cerraron las puertas y varios diputados republicanos federales se asomaron a las ventanas para pedir calma.

Dentro del Congreso los ministros demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes del Congreso y del Senado, decidieron que se reunieran ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I.



A continuación, ante la ausencia del presidente del Gobierno Ruiz Zorrilla, el ministro Martos anunció que el Gobierno devolvía sus poderes a las Cortes, con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado. Entonces, varios diputados republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos cámaras, constituidas en Asamblea Nacional, aprobaran como forma de gobierno la República y eligieran un Ejecutivo responsable ante aquella.

Pi Margall intervino para decir que los republicanos federales no pedían en aquel momento la proclamación de la República Federal, diciendo “que es preciso que todos hagamos algún sacrificio de nuestras ideas”, y que la definición de la República la determinarían las futuras Cortes Constituyentes.

La proposición decía así:

“La Asamblea Nacional asume todos los Poderes y declara como forma de Gobierno de la Nación la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de Gobierno”.



Manuel Ruiz Zorrilla hasta entonces presidente del Gobierno, intervino para decir:

“Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana”.



El republicano, Emilio Castelar pronunció un discurso que fue respondido con encendidos aplausos:

“Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria”.



A las nueve de la noche del once de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32.

La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.



Volvieron a reunirse las Cámaras para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal, Estanislao Figueras, quien estaría al frente de un Gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales, e integrado por tres republicanos y cinco radicales.

Cristino Martos fue elegido presidente de la autoproclamada Asamblea Nacional por 222 votos, frente a los 20 que reunió, Nicolás María Rivero.



El dieciséis de febrero, el periódico republicano de Barcelona, “La Campana de Gracia”, publicó el siguiente artículo en catalán:

“¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos, ciudadanos! El trono ha caído para siempre en España. Ya no habrá otro rey que el pueblo, ni más forma de gobierno que la justa, santa y noble República federal.



¡Republicanos españoles! En estos momentos solemnes de los que depende la vida de las naciones, es cuando se conocen a los hombres y es cuando se conocen a los pueblos.

Damos nuestro apoyo moral a los hombres a los que hemos dado nuestros aplausos, a quienes hemos hecho objeto de nuestro entusiasmo. ¡Pongámonos a sus órdenes, bajo la bandera de nuestros principios inmaculados e íntegros, y derribemos cuantos obstáculos se presenten, para erigir definitivamente en España el templo del derecho, de la justicia, de la moralidad y de la honra, que es el de la República democrática federal!”

Estanislao Figueras desempeñó el cargo de presidente del Poder Ejecutivo, pero no el de presidente de la República, pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución republicana.



El primer Gobierno de la República tuvo que afrontar una situación económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas.



El Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia de la tercera guerra carlista y la guerra de Cuba, por lo que no había suficientes soldados, ni armamento ni dinero; una grave crisis económica, coincidente con una gran crisis mundial en el año 1783.



El problema más urgente que tuvo que atender el nuevo Gobierno fue restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales. Estos habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares.



La República también se identificó con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la revolución del 68 que no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:

Si la República viene,

No habrá quintas en España,

Por eso aquí hasta la Virgen,

Se vuelve republicana.

El Gobierno de Figueras

El encargado de la tarea de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación, Pi y Margall, principal defensor del federalismo pactista de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Consiguió la disolución de las juntas y la reposición de los ayuntamientos, que habían sido suspendidos a la fuerza



Pi y Margall escribió que el lema de la República era “Orden, Libertad, Justicia”. No olvidar que la insurrección deja de ser un derecho desde el momento en que es universal el sufragio, sin condiciones la libertad y sin el límite de la Autoridad la Real Soberanía del pueblo.



Pi y Margall comenzó a nombrar gobernadores republicanos en sustitución de los monárquicos, muchos de ellos radicales, convirtiéndose esta cuestión en el principal motivo de confrontación en el seno del gobierno debido a que la influencia de los gobernadores civiles era decisiva en los resultados electorales.

Figueras firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría una peseta diaria y un chusco. Los integrantes de la milicia de los Voluntarios de la República recibían un sueldo de 50 pesetas al alistarse, más dos pesetas y un chusco diarios.

Solo trece días después de haberse formado, el nuevo Gobierno se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y los republicanos



Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, para intentar un golpe de Estado que desalojara del Gobierno a los republicanos federales y le permitiera formar uno exclusivo de su partido, que diera paso a una república liberal-conservadora.



Martos buscó el apoyo del general, Domingo Moriones que era el jefe del Ejército del Norte, al que se proponía nombrar capitán general de Castilla la Nueva. Moriones, en traje de campaña, ordenó a dos batallones que ocuparan el Congreso de los Diputados. En estas condiciones se produjo la elección de Martos, votado por sus compañeros de partido que ostentaban la mayoría, como nuevo presidente del Poder Ejecutivo.



Pero las maniobras de Martos no tuvieron éxito, gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que movilizó a la guarnición de Madrid y a los Voluntarios de la República, que consiguieron contrarrestar el golpe. Pi y Margall se enfrentó a Martos y calificó de alevosa y traidora su conducta. Así se formó el segundo Gobierno de Figueras, del que salieron los ministros radicales Se acordó disolver la Asamblea Nacional, donde los radicales gozaban de mayoría absoluta.



El ocho de marzo, cuando la Asamblea Nacional iba a discutir la propuesta de suspensión de la misma, Cristino Martos intentó un nuevo golpe de fuerza con el mismo objetivo de formar un Gobierno exclusivamente radical, esta vez presidido por su compañero de partido, Nicolás Rivero, y que contaba con el apoyo del general Serrano, líder del monárquico partido constitucional.

Los diputados radicales seguidores de Rivero, y él mismo, temerosos de que la formación de un Gobierno radical provocara un levantamiento de los republicanos intransigentes, no apoyaron la iniciativa de Martos y votaron a favor de la suspensión de la Asamblea.

El nueve de marzo, al día siguiente en que en Madrid tenía lugar el intento de golpe de Estado, la Diputación de Barcelona, dominada por los republicanos federales intransigentes, volvía a intentar proclamar el Estado Catalán, como ya había hecho el doce de febrero. Solo los telegramas que les envió Pi y Margall les hizo desistir.



Los radicales intentaron un tercer golpe de Estado el veintitrés de abril. Esta vez contaban con el apoyo de militares conservadores, como el general Pavía, capitán general de Madrid, el almirante Topete o, el general Serrano y con civiles del partido constitucional, encabezados por Sagasta que querían evitar la proclamación de la República Federal.



Una vez más, la actuación decidida del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que conocía los planes de los golpistas, desbarató la intentona:

Primero, sustituyó al general Pavía al frente de la Capitanía General de Madrid por el general Hidalgo.
Ordenó a la guardia civil y a la milicia de los voluntarios de la República que atacaran la plaza de toros, donde habían concentrado a los voluntarios de la libertad, que depusieron las armas después de unos pocos disparos.
Entonces, grupos federales armados rodearon el Palacio del Congreso, donde estaba reunida la Comisión Permanente que tenía previsto destituir al Gobierno y reunir a la Asamblea Nacional para que nombrara presidente del Poder Ejecutivo al general Serrano.
La mayoría de los implicados en el golpe frustrado se fueron del país, algunos de ellos disfrazados para no ser reconocidos, como el general Serrano o Cristino Martos. Al día siguiente, un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por Pi y Margall, disolvió la Comisión Permanente.

No hubo lucha electoral en las elecciones, pues optaron por no presentar candidatos, además de radicales y constitucionales, los carlistas, que estaban alzados en armas, y los alfonsinos, que no reconocían a la República.
La aplastante mayoría de que gozaban los republicanos federales en las Cortes Constituyentes era, sin embargo engañosa, porque en realidad sus diputados estaban divididos en tres o cuatro grupos.

Se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes, el uno de junio del año 1873, bajo la presidencia del veterano republicano, José María Orense, comenzó la presentación de propuestas. El siete de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:

“Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal”.

El ocho de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 218 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República Federal. Así narraba, Pérez Galdós el clima parlamentario de la República:

“Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena”.


Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, el presidente Figueras llegó gritar en catalán: “Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!”.

Se reúnen las Cortes Constituyentes, Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco Pi y Margall; pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento de formar gobierno.

Figueras tuvo conocimiento de que el general intransigente, Juan Contreras preparaba un golpe de Estado para iniciar la República federal desde abajo al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su Gobierno.

El diez de junio, Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, huyó a Francia. Se fue a dar un paseo y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de Madrid; no se bajó hasta llegar a París. Figueras no se marchó por una depresión sino porque se sintió abandonado por todos.

El intento de golpe de Estado se produjo al día siguiente cuando una masa de republicanos federales instigados por los intransigentes rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, mientras el general Contreras, al mando de la milicia de los Voluntarios de la República, tomaba el Ministerio de la Guerra.

Los moderados Castelar y Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo, pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. Finalmente, los intransigentes aceptaron la propuesta, aunque bajo la condición de que fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del Gobierno que iba a presidir Pi y Margall.

El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.

El Gobierno de Pi y Margall.

El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.

El Gobierno de Pi y Margall

El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes, con el lema “Orden y Reformas”, intentaba conciliar a todas los grupos republicanas federales de las Cortes. Se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación Iglesia-Estado, el fin de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores.
Las Cortes aprobaron el veinticuatro de julio de 1873 una ley que regulaba el trabajo de los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. El veinte de agosto se dictan reglas “para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y otros de igual naturaleza”.

Se constituía en las Cortes la Comisión que debía elaborar el proyecto de Constitución federal el veinte de junio y el gobierno anuncia la convocatoria de elecciones municipales que se celebrarían entre el doce y el quince de julio, lo que provocó el rechazo de los intransigentes.

El gobierno pronto se mostró inoperante tanto en la elaboración del proyecto de Constitución como en la promulgación de las reformas sociales a causa de la heterogeneidad de su composición y su dependencia de la derecha, o de la labor de bloqueo que realizaban los ministros intransigentes.

Para solucionar ese problema se presentó en las Cortes una proposición encabezada por Emilio Castelar para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. Su aprobación le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por otros del sector moderado, naciendo así un Gobierno de coalición entre los centristas y los moderados de Castelar y Salmerón.

La respuesta de los intransigentes fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención, de la que emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo.

La propuesta fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al Gobierno y, a continuación, el veintisiete de junio, los intransigentes presentaron un voto de censura contra el Gobierno, que incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los intransigentes, con un giro a la derecha.

El treinta de junio, Pi y Margall pidió a las Cortes facultades extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al País vasco-navarro y a Cataluña. Los intransigentes se opusieron radicalmente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la «tiranía» y la pérdida de la democracia.

Aprobada la propuesta por las Cortes, el Gobierno publicó un manifiesto en el que, después de justificar los poderes extraordinarios que había recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva, pues “la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas”.

La respuesta de los intransigentes a la asunción de poderes excepcionales por parte del Gobierno de Pi y Margall y al bando del gobernador civil de Madrid que limitaba las garantías de los derechos individuales fue abandonar las Cortes el uno de julio.

Tras el abandono de las Cortes por los intransigentes, el Comité de Salud Pública, hizo un llamamiento a la inmediata y directa formación de cantones. Se publica un manifiesto que decía: “si la República realista se amotinase contra este Comité, este Comité se amotinaría contra aquella República amotinada, porque hemos resuelto amotinarnos contra el amotinador”. Inmediatamente varios diputados y agentes intransigentes partieron de Madrid para alentar la sublevación en diferentes provincias.

Pi y Margall condenó la vía insurreccional que propugnaban los intransigentes para poner en práctica el federalismo pactista de abajo arriba, que él mismo había defendido, porque estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada» no para una “República que ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica”.

El gobierno de Pi y Margall hacía ya frente a la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista pero a esto tuvo que enfrentarse a la llamada revolución del petróleo que se había iniciado en Alcoy el siete de julio con una huelga en la industria papelera.

A raíz de los acontecimientos de Alcoy y, sobre todo, de Cartagena, el centro-derecha de Salmerón y sobre todo la derecha de Castelar iniciaron una campaña de acoso y derribo al gobierno de Pi y Margall alertando sobre la amenaza socialista.

Pi y Margall, apoyado por la mayoría de sus ministros se negó a aplicar las medidas de excapción, que incluían la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal y la vía del diálogo harían entrar en razón a los sublevados.

Pi y Margall no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el telegrama que envió como ministro de la Gobernación a todos los gobernadores civiles el trece de julio, tres la proclamación en Cartagena del Cantón Murciano el día anterior.

La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal se aprecia también en las instrucciones que dio al general republicano Ripoll en su cometido de acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de un ejército de operaciones con base en Córdoba y le decía:

“Confío tanto en la prudencia de Vd. como en su temple de alma. No entre en Andalucía en son de guerra. Haga Vd. comprender a los pueblos que no se forma un ejército sino para garantizar el derecho de todos los ciudadanos y hacer respetar los acuerdos de la Asamblea. Tranquilice Vd. a los tímidos, modere a los impacientes; manifiésteles que con sus eternas conspiraciones y frecuentes desórdenes están matando a la República. Mantenga siempre alta su autoridad. Apele, ante todo, a la persuasión y al consejo. Cuando no basten no vacile en caer con energía sobre los rebeldes. La Asamblea es hoy el poder soberano”.

Pi y Margall pidió a las Cortes el quince de julio, que se discutiera y aprobara rápidamente la nueva Constitución para así frenar la extensión de la rebelión cantonal. El diecisiete de julio, se dio lectura al Proyecto de Constitución Federal de la República Española que había redactado en un día por Emilio Castelar.

Pi y Margall intentó formar uno nuevo que agrupara a todos los sectores de la Cámara, incluido el formado por diputados intransigentes no implicados en la insurrección de Cartagena y que habían vuelto a la Cámara rompiendo el retraimiento, para lo que pidió el voto de confianza, pero el resultado le fue adverso al obtener el apoyo de solo 93 diputados, frente a los 119 que obtuvo Nicolás Salmerón.

Lo que había sucedido era que como la política de Pi y Margall de persuasión y represión no había conseguido detener la rebelión de Cartagena, el sector moderado había votado a favor de Nicolás Salmerón.

Al día siguiente, Pi y Margall dimitió tras 37 días de mandato. En su despedida Pi Margall afirmó que su política había sido objeto no ya de censuras, sino de ultrajes y calumnias.

Pi y Margall explicó a la Cámara por qué en aquellos momentos había defendido la construcción federal de arriba a abajo, y no de abajo a arriba como siempre lo había hecho, y por lo que algunos le habían acusado de haber sido el promotor ideológico de la rebelión cantonal:

“Desde los bancos de la oposición había yo tenido el valor, estando en armas mis correligionarios, de declarar que la insurrección dejaba de ser un derecho y pasaba a ser un crimen desde el instante en que el libre pensamiento podía realizarse por medio del sufragio universal; desde el banco ministerial había sostenido que la insurrección no sólo era un crimen, sino el más grande de los crímenes bajo el régimen de la libertad, porque los demás afectan sólo intereses privados, y el de rebelión afecta a los altos intereses de la sociedad y de la patria.

Han atribuido algunos estas acusaciones al hecho de haber predicado que la República federal debe venir de abajo arriba y no de arriba abajo. Es cierto: yo había defendido esa doctrina, y la había sostenido y la había acariciado; pero teniendo en cuenta la unidad de la Patria, y deseando que no se la quebrantara ni por un solo momento, hablaba siempre de la necesidad de un poder central para que mientras se constituyeran en estados las provincias. Abandoné después esa teoría. ¿Por qué? Porque yo no soy árbitro de la marcha de los acontecimientos, porque yo sostenía esta teoría en el concepto de que mi partido viniese a ocupar el poder por medio de una revolución a mano armada. Habría sido entonces natural que la revolución se hiciese de abajo arriba; pero la República ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica. Fui yo el primero que al redactar la proposición por la cual se proclamaba la República como forma de gobierno, acepté que unas Cortes Constituyentes viniesen a definir y a organizar la República”.

El Proyecto de Constitución Federal
En el programa de gobierno que presentó Pi y Margall a las Cortes se señaló como una de sus prioridades la rápida aprobación de la Constitución de la República, por lo que inmediatamente se eligió una comisión de veinticinco miembros encargada de redactar el proyecto.

El moderado Emilio Castelar escribió en veinticuatro horas el que sería asumido por el conjunto de la comisión y presentado a las Cortes para su debate. El proyecto no satisfizo ni a los radicales, ni a los constitucionales ni tampoco a los republicanos federales intransigentes, que acabarían presentado otro proyecto constitucional.

El Proyecto redactado por Emilio Castelar reflejó su concepción de la República como la forma de gobierno más adecuada para que entraran en ella todas las opciones liberales. Según su parecer, no se podía conciliar la democracia con la monarquía, como lo había demostrado la experiencia de Amadeo I de Saboya.

Para que la República fuera aceptable para las clases conservadoras y medias, era necesario acabar con lo que Castelar llamaba demagogia roja, que confundía la república con el socialismo. El proyecto de Constitución federal presentado ante las Cortes fuera una continuación de los principios establecidos en la Constitución del año 1869.

Su proyecto se basaba en una rígida separación de poderes, todos electivos.

– El presidente de la República no era elegido por las Cortes, sino mediante unas juntas electorales votadas en cada estado regional. – Estas emitirían su voto, y el candidato que obtuviera la mayoría absoluta sería proclamado por las Cortes. Su función fue la de ejercer el llamado poder de relación entre las diferentes instituciones.
– Los diputados y senadores no podían formar parte del Gobierno, ni este asistir a las reuniones de las Cámaras.
– El poder judicial se basaba en el jurado para todo tipo de delitos.
– En cuanto a la estructurafederal, cada Estado gozaría de toda la autonomía política compatible con la existencia de la nación. Podría dotarse de una Constitución propia siempre que no fuera contraria a la federal y tener su propia Asamblea Legislativa.
– Los municipios elegirían a sus concejales, alcalde y jueces por sufragio universal.

El proyecto de Constitución constaba de un preámbulo, 117 artículos que estaban organizados en 17 títulos.

Su artículo más discutido, fue el primero, donde se establecía la división territorial de la República, y en la que se incluyó a Cuba y a Puerto Rico como forma de resolver el problema colonial, añadiéndose más adelante que leyes especiales regularían la situación de las otras provincias ultramarinas.

Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.

El Gobierno de Nicolás Salmerón

Nicolás Salmerón fue el tercer presidente del Poder Ejecutivo de la República. Era un moderado que defendía la transición gradual hacia la república federal. El lema de su gobierno fue “imponer a todos el imperio de la ley” y situó como prioridad acabar con la rebelión cantonal, para después ocuparse de los carlistas.

A partir del diecinueve de julio la rebelión cantonal se extendió fuera de Cartagena porque muchos republicanos federales, no sólo los intransigentes, pensaron que con Nicolás Salmerón al frente del gobierno sería imposible.

Entre el diecinueve y el veinticuatro de julio el movimiento cantonal se generalizó por las regiones de Andalucía, de Murcia y de Valencia, e incluso por las provincias de Salamanca y Ávila. La historia del cantonalismo la hemos visto en otro artículo.

La mayoría que apoyaba al gobierno de Nicolás Salmerón empezó resquebrajarse cuando la derecha republicana, encabezada por Emilio Castelar, exigió que se suspendiesen temporalmente las sesiones de las Cortes, se gobernase por decreto y que se restableciesen las Ordenanzas militares, incluida la pena de muerte, con el fin de asegurar que los oficiales fueran obedecidos por la tropa.

Una reivindicación de los mandos militares ya que había habido algún asesinato del oficial al mando. Este problema se puso en evidencia el uno de septiembre cuando casi un centenar de jefes y oficiales se negaron a ir a Cataluña, con la misión de restaurar la disciplina de varios batallones, si no se restablecían las ordenanzas, alegando que sin ellas carecían de autoridad.

Entonces Emilio Castelar presentó una propuesta a favor de una política más enérgica para acabar con la insurrección que consiguió el apoyo de unos 130 diputados, mientras que el grupo reformista que apoyaba a Salmerón se mostró dividido sobre la suspensión temporal de las sesiones de la Asamblea, pero rechazó, Salmerón incluido, el restablecimiento de las ordenanzas militares que incluía la pena de muerte.

El centro-izquierda también se opuso a la suspensión de las sesiones de la Asamblea y al restablecimiento de la pena de muerte y acusó a la nueva mayoría que se estaba formando en torno a Castelar de falta de federalismo.

El seis de septiembre, Nicolás Salmerón dimitía de la presidencia del Poder Ejecutivo, a pesar de que Emilio Castelar intentó convencerle para que no lo hiciera. El motivo inmediato de la dimisión fue no tener que firmar las sentencias de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado a los carlistas. Salmerón era contrario a la pena de muerte.

A esto hay que añadirle otras causas como la conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad. Román Miguel González añade un tercer motivo que considera el fundamental: “Era claro que su gobierno estaba cada vez más mediatizado por el apoyo de una mayoría hegemonizada por la derecha y con la que se mostraban crecientemente disconformes destacados miembros de su grupo de centro-derecha”.

En la sesión de las Cortes del seis de septiembre, en que se discutió la dimisión de Nicolás Salmerón y el nombramiento de Emilio Castelar para sustituirle, Pi y Margall, que estaba recuperando apoyos a su programa centrista de “Orden y Reformas”, realizó una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión cantonal:

“El Gobierno ha vencido a los insurrectos, pero ha sucedido lo que yo temía: han sido vencidos los republicanos. ¿Lo han sido los carlistas? No. Ínterin ganabais vitalidad en el mediodía, los carlistas la ganaban en el norte. […] Yo no hubiese apelado a vuestros medios, declarando piratas a los buques de que se apoderaron los federales; yo no hubiese permitido el que naciones extranjeras, que ni siquiera nos han reconocido, viniesen a intervenir en nuestras tristísimas discordias. Yo no hubiese bombardeado Valencia. Yo os digo que, por el camino que seguís es imposible salvar la República, porque vosotros desconfiáis de las masas populares y sin tener confianza en ellas, es imposible que podáis hacer frente a los carlistas”.



El Gobierno de Emilio Castelar

El 7 de septiembre de 1873, Emilio Castelar fue investido por las Cortes para ocupar la Presidencia del gobierno. Recibió el apoyo no sólo de los diputados de la derecha sino también del centro-derecha de Salmerón, consiguió 133 votos y Pi y Margall 67.

Durante un acalorado debate que había tenido lugar en las Cortes el 30 de julio Castelar había dicho lo siguiente:



“Yo amo con exaltación a mi patria, y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a las más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas y que íntegro debemos delegar a las generaciones venideras”.



Solo dos días después de haber sido investido presidente del Poder Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las las pedidas por Pi y Margall para el País Vasco y Navarra y para Cataluña para combatir a los carlistas, pero ahora extendidas a toda España para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal.

El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que supondría paralizar la discusión y la aprobación del proyecto de Constitución federal, para lo que Castelar tuvo que emplearse a fondo y poner en juego todo su prestigio personal.



El dieciocho de septiembre la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la oposición de los centristas de Pi y Margall y de los intransigentes que habían vuelto a la Cámara, fueron 124 votos a favor y 68 en contra. Así, las Cortes quedaron suspendidas desde el veinte de septiembre del año 1873 hasta el dos de enero de 1874.

La intervención de Pi y Margall en el debate del dieciocho de septiembre se había centrado en exigir que las sesiones continuaran hasta que se aprobara la Constitución, alegando que los períodos de interinidad son peligrosos y ocasionados a turbulencias y desórdenes.



Pi y Margall afirmó que la pretensión de incorporar a la República a los constitucionales y a los radicales era una ilusión “porque los partidos en España serán siempre partidos, y tenderán siempre a alcanzar el poder por los medios que puedan”.



El problema político está en demostrar que con la República hay orden, hay autoridad, hay respeto a la ley, hay castigo para el criminal, hay guerra para los pronunciamientos, hay horror a la anarquía. La República puede crear una sociedad fuerte, un Estado respetado dentro de la federación, dentro de la libertad y dentro de los intereses de la integridad, unidad y prosperidad de la Patria.

Los poderes extraordinarios que obtuvo Castelar y la suspensión de las sesiones de las Cortes le permitieron gobernar por decreto, facultad que utilizó inmediatamente para reorganizar el cuerpo de artillería disuelto hacía unos meses, llamar a los reservistas y convocar una nueva leva con lo que consiguió un ejército de 200.000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de cien millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra. También incorporó 35. 000 nuevos guardias civiles y reorganizó y militarizó la milicia ciudadana y la purgó de federalistas.

Además Castelar recuperó las ordenanzas militares que se aplicarían con todo rigor, incluida la pena de muerte «establecida en todos los códigos militares en todos los códigos militares del mundo sin excepción», argumentó Castelar, y estableció la imposición de multas de 5.000 pesetas a las familias cuyos hijos desertaran.

También promulgó varios decretos que limitaban los derechos y las libertades ciudadanas, como la prohibición de ausentarse de una localidad sin la preceptiva cédula oficial de identificación o la prohibición a los periódicos de publicar noticias sobre la rebelión que no fueran las notas oficiales.



Tras la suspensión de las Cortes, Castelar inició su proyecto de acercamiento a las clases conservadoras, sin cuyo apoyo, según él, la República no podría perdurar, ni siquiera alcanzar la estabilidad política para poder hacer frente a las tres guerras civiles en que estaba envuelta.

En uno de sus discursos ante la Cámara Castelar había dicho: “Quiero probar que la autoridad es compatible con la República, y el orden con la libertad, única política posible porque la Europa entera nos mira con desconfianza”.

El acercamiento a los constitucionalistas y a los radicales por parte Castelar encontró la oposición de los centristas de Pi y Margall y del «moderado Nicolás Salmerón y de sus seguidores, que hasta entonces habían apoyado al gobierno, porque creían que la República debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recién llegados.

Se había producido un acercamiento entre Salmerón y Pi y Margall, a pesar de las graves discrepancias que habían mantenido en los meses anteriores, y querían formar un gran Centro que agrupase al centro-derecha y al centro-izquierda, lo que fue interpretado por los seguidores de Castelar y por la extrema derecha monárquica y republicana unitaria como la vuelta de la amenaza socialista y de la disolución de la Patria.



Un nuevo motivo de distanciamiento entre Salmerón y Castelar fue el acuerdo al que había llegado este último con el Vaticano para cubrir veinte diócesis que estaban vacantes, entre ellas sedes tan importantes como las de Toledo, Tarragona o Santiago de Compostela.



Hay rumores cada vez más insistentes de que se estaba preparando un golpe de Estado. Emilio Castelar llamó a su despacho el veinticuatro de diciembre al general Pavía que era Capitán General de Castilla la Nueva nombrado por él mismo tras su exitosa campaña militar que puso fin al cantonalismo andaluz, para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no participara en la intentona.

Pavía le expreso su preocupación por la posibilidad de que su gobierno cayera y le pidió que prolongara la suspensión de las Cortes. Castelar le dijo que no se separaría un ápice de la legalidad y el general Pavía le respondió: “Yo lo seguiré a usted a todas partes”.

El treinta de diciembre, se reunían Salmerón y Pi y Margall, con Figueras como testigo. Salmerón habló de la necesidad de poner fin al gobierno de Castelar porque estaba perdiendo la República con sus exageraciones autoritarias. Pi y Margall coincidió con él y abogó por la inmediata organización federal del país como único medio de salvar la República, por lo que la tarea prioritaria de las Cortes sería reanudar el debate sobre la Constitución Republicana.

Acordaron plantear un voto de censura contra el gobierno de Castelar cuando se reabrieran las Cortes el dos de enero y constituir uno alternativo de transición en el que no estaría presente ninguno de los dos, aunque no se habló de quién iba a presidirlo.



Fernando VII y el trienio liberal

Cuando se reabrieron las Cortes el dos de enero del año 1874, el Capitán General de Madrid, el general Pavía tenía preparadas sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. En el lado contrario, batallones de Voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar.



En la sesión de las Cortes, Nicolás Salmerón anunció que retiraba su apoyo a Castelar. En su discurso acusó a Castelar “de haber abandonado la política republicana: se ha roto la órbita trazada por los principios del partido republicano de tal manera, que ya en la situación no sólo predominan, sino que lo son todo las fuerzas conservadoras”.

Le respondió Emilio Castelar haciendo un llamamiento al establecimiento de la “República posible» con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la demagogia, el gran enemigo de la República, cuya culpa recaía en esos que, hablando de una utopía socialista que prometían edenes que no han podido traer a la Tierra a pesar de haber estado en el Gobierno”.

El tres de enero se votó la moción de confianza al gobierno presentada por varios diputados de la derecha en la que Castelar salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a este a presentar la dimisión. Se hizo un receso durante el cual Pi y Margall, Salmerón y Figueras, junto con otros dos diputados, se reunieron para acordar quién iba a presidir el gobierno.



A las siete menos cinco de la mañana se reanudó la sesión y cuando se estaba iniciando la votación de investidura del nuevo gobierno se supo que las tropas Pavía habían rodeado el edificio del Congreso y el propio general se encontraba en la plaza.

Dos ayudantes suyos le entregaron una nota a Salmerón, presidente de las Cortes, para que desalojara. Le dieron cinco minutos de plazo para cumplirla. Salmerón les dijo que le comunicaran a Pavía que estaba atentando contra la soberanía nacional y contra la República y “que el tribunal del pueblo será inexorable contra el autor de semejante crimen”. Salmerón informó a los diputados lo que estaba sucediendo a lo que estos respondieron con vivas a la soberanía nacional y mueras a los traidores y a Pavía.



A continuación penetraron en el edificio los soldados del regimiento de Mérida, seguidos por los guardias civiles encargados de la custodia del edificio al mando de coronel Iglesias, que se había pasado al lado de los golpistas.

Nada más desalojar el Congreso, Pavía envió un telegrama a los jefes militares de toda España en el que les pedía su apoyo al golpe, que el general llamaba “mi patriótica misión, conservando el orden a todo trance”.

Como Castelar había rehusado el ofrecimiento del general Pavía para que presidiera el gobierno nacional que él proponía porque no estaba dispuesto a mantenerse en el poder por medios antidemocráticos.

La presidencia del gobierno la asumió el general Serrano, quien se fijó como objetivo prioritario acabar con la rebelión cantonal y con la tercera guerra carlista. Su gobierno estuvo integrado por constitucionalistas, radicales y un republicano unitario.

Estos hechos supusieron el final de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más, con el general Serrano al frente.

La República unitaria

El general Francisco Serrano fu un antiguo colaborador de Isabel II, ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado durante el Sexenio Democrático. Al asumir la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y la presidencia del Gobierno, se fijó como objetivo acabar con la rebelión cantonal y la tercera guerra carlista, para luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno.

El general Serrano En el manifiesto que hizo público el ocho de enero un manifiesto, justificó el golpe de Pavía afirmando que el Gobierno que iba a sustituir al de Castelar hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo carlista.

Quedó así establecida la dictadura de Serrano, pues no existía Parlamento que controlara la acción del Gobierno, al haber quedado disueltas las Cortes republicanas, ni ley suprema que delimitara las funciones del poder Ejecutivo, porque se restableció la Constitución del año 1869, pero a continuación se la dejó en suspenso hasta que se asegurase la normalidad de la vida política.

La instauración de la dictadura no encontró resistencia popular, excepto en Barcelona, donde los días siete y ocho se levantaron barricadas y se declaró la huelga general. En los enfrentamientos con el ejército hubo una docena de víctimas, y los sucesos más graves se produjeron en Sarriá, a causa de un levantamiento encabezado por el Xich de les Barraquetes, al mando de unos ochocientos hombres.



Las primeras medidas que tomó el Gobierno de Serrano pusieron de manifiesto su carácter conservador. Gracias a que la Constitución de 1869 estaba suspendida, ordenó la inmediata disolución de la sección española de Asociación Internacional de Trabajadores, por atentar contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales.



El siete de enero promulgó un decreto de movilización, confirmado por el llamamiento extraordinario del dieciocho de julio, en el que se volvió al viejo sistema de las quintas, con el sorteo y la redención en metálico.

Imagen: Pi i Margall es nombrado presidente de la I República española

La supresión de los consumos tampoco fue respetada por la dictadura de Serrano, que el veintiséis de junio, restablecía este impuesto sobre los artículos de beber, comer y arder, además de otro sobre la sal y uno extraordinario sobre los cereales.

Acabada la rebelión cantonal, Serrano marchó al norte el veintiséis de febrero para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas. En Madrid dejó al general, Juan de Zavala al frente del Gobierno, y quedó él como presidente del Poder Ejecutivo de la República.

En septiembre, Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del Gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y, uno tras otro, los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.

En septiembre, Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del Gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y, uno tras otro, los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.

El uno de diciembre, Cánovas del Castillo tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sandhurst, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso, en el que este se definía como hombre del siglo, verdaderamente liberal, afirmación con la que buscaba la reconciliación de los liberales en torno a su monarquía y en el que unía los derechos históricos de la dinastía legítima con el gobierno representativo y los derechos y libertades que le acompañan.

Imagen/articulo: Las dificultades de la Masonería en los albores de la Primera República

Era la culminación de la estrategia que había diseñado Cánovas desde que había asumido la jefatura de la causa Alfonsina, el veintidós de agosto del año 1873. Su finalidad consistía en crear mucha opinión en favor de Alfonso con «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía.

El veintinueve de diciembre del año 1874, el general, Martínez Campos se levantó en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica, en la persona de don Alfonso de Borbón.

El único que tomó alguna iniciativa para oponerse al golpe fue el almirante Topete quien convenció a otros revolucionarios del año 1868 como Manuel Ruiz Zorrilla para que formaran una comisión que se entrevistara con el presidente Sagasta. Los acuerdos adoptados en dicha reunión no fueron llevados a cabo por Sagasta.

El treinta y uno de diciembre del año 1874, se formó el llamado Ministerio-Regencia, presidido por Cánovas del Castillo, a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra.

Me gusta siempre conocer la visión que da Benito Pérez Galdós de este periodo histórico, pues fue un republicano convencido. Dedico sus dos últimos Episodios Nacionales a la Primera República.



Se centró en los políticos del año 1873, diciendo: “que no estuvieron a la altura de su misión. Carecieron de energía y realismo, de conciencia de su más imperiosa obligación ciudadana; anduvieron sobrados de ingenuidad e idealismo para para defender y consolidar el nuevo régimen”.

Esta percepción era compartida por la mayoría de los republicanos, aunque “con ello, contribuyeron, sin buscarlo, a los discursos que deslegitimaban la república per se, no solo la del 73”.

Los sectores conservadores y reaccionarios mantuvieron unas visiones bastante constantes más o menos tremendistas acerca de aquella forma de gobierno marcada por la anarquía, el caos y el desmembramiento de la nación.



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Se proclamó la Primera República por las Cortes, el once de febrero del año 1873, y duró hasta el veintinueve de diciembre del año 1874, cuando el levantamiento del general Martínez Campos provocó la restauración de la monarquía de los Borbones.

El periodo republicano estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos:

La guerra en Cuba con una duración de diez años.
La tercera guerra carlista.
La sublevación cantonal.
El Gobierno de Figueras
El Gobierno de Pi y Margall
El Proyecto de Constitución Federal
El Gobierno de Nicolás Salmerón
El Gobierno de Emilio Castelar
La República unitaria
El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. Se sucedieron cuatro presidentes del Poder Ejecutivo en once meses, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta el golpe de Estado del general Pavía del tres de enero del año 1874.

Este golpe militar puso fin a la república federal y dio paso a la instauración de una república unitaria bajo la dictadura del general Serrano, líder del conservador Partido Constitucional. Este periodo también se vio interrumpido por el pronunciamiento del general Martínez Campos en diciembre del año 1874.

La Primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza con la revolución del año 1868 que dio paso al reinado de Amadeo I de Saboya, al que siguió la Iª República, y termina con el pronunciamiento del general Martínez Campos en la ciudad de Sagunto.

La Primera República fue un ensayo, frustrado, de recomponer sobre nuevos supuestos políticos, morales y territoriales el Estado y la nación españoles surgidos de la revolución liberal en las décadas treinta y cuarenta.

El proyecto republicano expresaba las aspiraciones de unas clases populares que rechazaban de plano ese diseño social e institucional. La República significaba democracia, laicismo y descentralización, cultura cívica frente a la militar, aspiraciones sociales de las clases populares frente al dominio de las clases medias y altas.



Se confrontaron en España tres proyectos de construcción del Estado en el siglo XIX:



El modelo liberal.

El modelo tradicionalista o carlista.

El modelo republicano federal.

El que se impuso en las décadas de los años 1830 y 1840, fue el liberal basado en la monarquía constitucional con voto censitario, la confesionalidad católica del Estado y un modelo centralizado de organización territorial.



Surgió el republicanismo federal hacia mediados de siglo XIX, que proponía un modelo radicalmente diferente del liberal. Frente a la monarquía constitucional censitaria, la república democrática con sufragio universal masculino como principio fundamental. Frente al Estado confesional, el Estado neutro en las relaciones con la Iglesia. Frente al Estado centralizado y unitario, el federalismo.



El republicanismo federal respondía a las aspiraciones de las clases populares y de una parte de las clases medias, por lo que no sólo era un proyecto político, sino también social en cuanto se proponía aplicar una serie de reformas que las satisficieran, que incluso podían afectar al derecho de propiedad.

Se trataba de dar voz a aquellos sectores de la sociedad española que habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional y de articulación del Estado desarrollado bajo la hegemonía del moderantismo.



El federalismo republicano tuvo más que ver con todo el espectro de cuestiones relacionadas con la democracia y la democratización, que con asuntos técnicos de organización territorial.



La democracia consistía en extender a todos los varones mayores de edad la capacidad de decidir sobre su destino. La federación constituía un paso más en este sentido pues implicaba ampliar a todas las esferas sociales esta capacidad de decisión. No se limitaba a la elección de representantes para el gobierno nacional, sino que implicaba decidir, de una manera expedita e inmediata, sobre cuestiones provinciales y locales.



Tras décadas de dominio moderado de ayuntamientos y diputaciones, la propuesta federal significaba la recuperación la recuperación del poder para llevar a cabo las reformas que se consideraban imprescindibles, la mayoría de las cuales tenía que ver con relaciones laborales, precios de productos de primera necesidad y la distribución de la tierra.



La identificación entre democracia, república y federación se oficializó con la refundación en el año 1869 del Partido Democrático, nacido en 1849, como Partido Republicano Democrático Federal.



La forma específica de construcción de la República federal no se acordó hasta la celebración de la Iª Asamblea Federal del año siguiente, tras un intenso debate. Triunfó la fórmula pactista defendida por Francisco Pi y Margall, frente a las tesis organicistas de construcción de arriba abajo propugnadas por Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.



Se acordó en dicha Asamblea adoptar la vía legalista, frente a la vía insurreccional, que ya se había ensayado en el otoño del año 1869, tras la aprobación de la Constitución, que establecía la Monarquía como forma de gobierno.

La ruptura interna del partido entre benevolentes e intransigentes se produjo en el marco de la IIIª Asamblea federal celebrada en el año 1872. Mientras que los primeros seguían apostando por la vía legalista, los segundos defendían la vía insurreccional, aplicando la tradición del republicanismo, que la consideraba legítima, en cuanto estuvieran en peligro las libertades individuales que eran inherentes a la dignidad humana.



Un grupo de intransigentes ya habían abandonado el Casino Republicano de Madrid en junio del año 1872, presidido por Pi y Margall, al no haber apoyado su propuesta de que el partido tomara el sendero revolucionario que su origen y tradiciones le marcan.

Se producirán insurrecciones republicanas federales en el otoño de ese año, encabezadas por los intransigentes, en Andalucía, Extremadura, Cataluña, Valencia y Aragón, prefigurando la práctica política observada por los cantonales unos meses después.

Amadeo I de Saboya renunció oficialmente el día once de febrero del año 1873. El detonante final fue la crisis del gobierno radical de Manuel Ruiz Zorrilla, originada a causa del conflicto artillero iniciado con el nombramiento de capitán general a Baltasar Hidalgo de Quintana. Todo el cuerpo de artillería pidió la licencia absoluta o retiro.



El Gobierno decidió la disolución del cuerpo de artillería, obteniendo el siete de febrero 191 votos en las Cortes, los mismos que habían elegido a don Amadeo, que no usó la prerrogativa regia a favor de los artilleros y firmó el decreto de disolución del cuerpo de artillería.

Tras la dimisión del rey, el presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados para pedir a los diputados de su propio partido, con mayoría absoluta en la Cámara, que aprobaran la suspensión de las sesiones al menos veinticuatro horas, las suficientes para restablecer el orden.

Asimismo, pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I.



Sin embargo, se aprobó la moción del republicano federal, Estanislao Figueras, para que las Cortes se declararan en sesión permanente, a pesar del intento de Ruiz Zorrilla de que los radicales no la apoyaran. Mientras tanto, el edificio del Congreso de los Diputados había sido rodeado por una multitud que exigía la proclamación de la República, aunque la milicia nacional logró disolverla.

La sesión se suspendió a las nueve de la noche y se nombró una comisión de diputados para permanecer en el hemiciclo. Sobre esa hora varios generales y políticos constitucionales estaban reunidos, convocados por el general Serrano, para decidir si daban un golpe de fuerza. La mayoría estimaron que no contaban con apoyos suficientes.

Al día siguiente, martes once de febrero, los jefes de distrito republicanos amenazaron al Congreso de los Diputados con que, si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde, iniciarían una insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus diputados en Madrid en el mismo sentido



Se reanudó la sesión del Congreso de los Diputados a las tres de la tarde, rodeado por una multitud que daba gritos en favor de la República. Se cerraron las puertas y varios diputados republicanos federales se asomaron a las ventanas para pedir calma.

Dentro del Congreso los ministros demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes del Congreso y del Senado, decidieron que se reunieran ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I.



A continuación, ante la ausencia del presidente del Gobierno Ruiz Zorrilla, el ministro Martos anunció que el Gobierno devolvía sus poderes a las Cortes, con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado. Entonces, varios diputados republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos cámaras, constituidas en Asamblea Nacional, aprobaran como forma de gobierno la República y eligieran un Ejecutivo responsable ante aquella.

Pi Margall intervino para decir que los republicanos federales no pedían en aquel momento la proclamación de la República Federal, diciendo “que es preciso que todos hagamos algún sacrificio de nuestras ideas”, y que la definición de la República la determinarían las futuras Cortes Constituyentes.

La proposición decía así:

“La Asamblea Nacional asume todos los Poderes y declara como forma de Gobierno de la Nación la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de Gobierno”.



Manuel Ruiz Zorrilla hasta entonces presidente del Gobierno, intervino para decir:

“Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana”.



El republicano, Emilio Castelar pronunció un discurso que fue respondido con encendidos aplausos:

“Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria”.



A las nueve de la noche del once de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32.

La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.



Volvieron a reunirse las Cámaras para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal, Estanislao Figueras, quien estaría al frente de un Gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales, e integrado por tres republicanos y cinco radicales.

Cristino Martos fue elegido presidente de la autoproclamada Asamblea Nacional por 222 votos, frente a los 20 que reunió, Nicolás María Rivero.



El dieciséis de febrero, el periódico republicano de Barcelona, “La Campana de Gracia”, publicó el siguiente artículo en catalán:

“¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos, ciudadanos! El trono ha caído para siempre en España. Ya no habrá otro rey que el pueblo, ni más forma de gobierno que la justa, santa y noble República federal.



¡Republicanos españoles! En estos momentos solemnes de los que depende la vida de las naciones, es cuando se conocen a los hombres y es cuando se conocen a los pueblos.

Damos nuestro apoyo moral a los hombres a los que hemos dado nuestros aplausos, a quienes hemos hecho objeto de nuestro entusiasmo. ¡Pongámonos a sus órdenes, bajo la bandera de nuestros principios inmaculados e íntegros, y derribemos cuantos obstáculos se presenten, para erigir definitivamente en España el templo del derecho, de la justicia, de la moralidad y de la honra, que es el de la República democrática federal!”

Estanislao Figueras desempeñó el cargo de presidente del Poder Ejecutivo, pero no el de presidente de la República, pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución republicana.



El primer Gobierno de la República tuvo que afrontar una situación económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas.



El Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia de la tercera guerra carlista y la guerra de Cuba, por lo que no había suficientes soldados, ni armamento ni dinero; una grave crisis económica, coincidente con una gran crisis mundial en el año 1783.



El problema más urgente que tuvo que atender el nuevo Gobierno fue restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales. Estos habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares.



La República también se identificó con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la revolución del 68 que no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:

Si la República viene,

No habrá quintas en España,

Por eso aquí hasta la Virgen,

Se vuelve republicana.

El Gobierno de Figueras

El encargado de la tarea de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación, Pi y Margall, principal defensor del federalismo pactista de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Consiguió la disolución de las juntas y la reposición de los ayuntamientos, que habían sido suspendidos a la fuerza



Pi y Margall escribió que el lema de la República era “Orden, Libertad, Justicia”. No olvidar que la insurrección deja de ser un derecho desde el momento en que es universal el sufragio, sin condiciones la libertad y sin el límite de la Autoridad la Real Soberanía del pueblo.



Pi y Margall comenzó a nombrar gobernadores republicanos en sustitución de los monárquicos, muchos de ellos radicales, convirtiéndose esta cuestión en el principal motivo de confrontación en el seno del gobierno debido a que la influencia de los gobernadores civiles era decisiva en los resultados electorales.

Figueras firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría una peseta diaria y un chusco. Los integrantes de la milicia de los Voluntarios de la República recibían un sueldo de 50 pesetas al alistarse, más dos pesetas y un chusco diarios.

Solo trece días después de haberse formado, el nuevo Gobierno se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y los republicanos



Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, para intentar un golpe de Estado que desalojara del Gobierno a los republicanos federales y le permitiera formar uno exclusivo de su partido, que diera paso a una república liberal-conservadora.



Martos buscó el apoyo del general, Domingo Moriones que era el jefe del Ejército del Norte, al que se proponía nombrar capitán general de Castilla la Nueva. Moriones, en traje de campaña, ordenó a dos batallones que ocuparan el Congreso de los Diputados. En estas condiciones se produjo la elección de Martos, votado por sus compañeros de partido que ostentaban la mayoría, como nuevo presidente del Poder Ejecutivo.



Pero las maniobras de Martos no tuvieron éxito, gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que movilizó a la guarnición de Madrid y a los Voluntarios de la República, que consiguieron contrarrestar el golpe. Pi y Margall se enfrentó a Martos y calificó de alevosa y traidora su conducta. Así se formó el segundo Gobierno de Figueras, del que salieron los ministros radicales Se acordó disolver la Asamblea Nacional, donde los radicales gozaban de mayoría absoluta.



El ocho de marzo, cuando la Asamblea Nacional iba a discutir la propuesta de suspensión de la misma, Cristino Martos intentó un nuevo golpe de fuerza con el mismo objetivo de formar un Gobierno exclusivamente radical, esta vez presidido por su compañero de partido, Nicolás Rivero, y que contaba con el apoyo del general Serrano, líder del monárquico partido constitucional.

Los diputados radicales seguidores de Rivero, y él mismo, temerosos de que la formación de un Gobierno radical provocara un levantamiento de los republicanos intransigentes, no apoyaron la iniciativa de Martos y votaron a favor de la suspensión de la Asamblea.

El nueve de marzo, al día siguiente en que en Madrid tenía lugar el intento de golpe de Estado, la Diputación de Barcelona, dominada por los republicanos federales intransigentes, volvía a intentar proclamar el Estado Catalán, como ya había hecho el doce de febrero. Solo los telegramas que les envió Pi y Margall les hizo desistir.



Los radicales intentaron un tercer golpe de Estado el veintitrés de abril. Esta vez contaban con el apoyo de militares conservadores, como el general Pavía, capitán general de Madrid, el almirante Topete o, el general Serrano y con civiles del partido constitucional, encabezados por Sagasta que querían evitar la proclamación de la República Federal.



Una vez más, la actuación decidida del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que conocía los planes de los golpistas, desbarató la intentona:

Primero, sustituyó al general Pavía al frente de la Capitanía General de Madrid por el general Hidalgo.
Ordenó a la guardia civil y a la milicia de los voluntarios de la República que atacaran la plaza de toros, donde habían concentrado a los voluntarios de la libertad, que depusieron las armas después de unos pocos disparos.
Entonces, grupos federales armados rodearon el Palacio del Congreso, donde estaba reunida la Comisión Permanente que tenía previsto destituir al Gobierno y reunir a la Asamblea Nacional para que nombrara presidente del Poder Ejecutivo al general Serrano.
La mayoría de los implicados en el golpe frustrado se fueron del país, algunos de ellos disfrazados para no ser reconocidos, como el general Serrano o Cristino Martos. Al día siguiente, un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por Pi y Margall, disolvió la Comisión Permanente.

No hubo lucha electoral en las elecciones, pues optaron por no presentar candidatos, además de radicales y constitucionales, los carlistas, que estaban alzados en armas, y los alfonsinos, que no reconocían a la República.
La aplastante mayoría de que gozaban los republicanos federales en las Cortes Constituyentes era, sin embargo engañosa, porque en realidad sus diputados estaban divididos en tres o cuatro grupos.

Se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes, el uno de junio del año 1873, bajo la presidencia del veterano republicano, José María Orense, comenzó la presentación de propuestas. El siete de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:

“Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal”.

El ocho de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 218 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República Federal. Así narraba, Pérez Galdós el clima parlamentario de la República:

“Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena”.


Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, el presidente Figueras llegó gritar en catalán: “Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!”.

Se reúnen las Cortes Constituyentes, Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco Pi y Margall; pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento de formar gobierno.

Figueras tuvo conocimiento de que el general intransigente, Juan Contreras preparaba un golpe de Estado para iniciar la República federal desde abajo al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su Gobierno.

El diez de junio, Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, huyó a Francia. Se fue a dar un paseo y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de Madrid; no se bajó hasta llegar a París. Figueras no se marchó por una depresión sino porque se sintió abandonado por todos.

El intento de golpe de Estado se produjo al día siguiente cuando una masa de republicanos federales instigados por los intransigentes rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, mientras el general Contreras, al mando de la milicia de los Voluntarios de la República, tomaba el Ministerio de la Guerra.

Los moderados Castelar y Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo, pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. Finalmente, los intransigentes aceptaron la propuesta, aunque bajo la condición de que fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del Gobierno que iba a presidir Pi y Margall.

El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.

El Gobierno de Pi y Margall.

El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.

El Gobierno de Pi y Margall

El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes, con el lema “Orden y Reformas”, intentaba conciliar a todas los grupos republicanas federales de las Cortes. Se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación Iglesia-Estado, el fin de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores.
Las Cortes aprobaron el veinticuatro de julio de 1873 una ley que regulaba el trabajo de los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. El veinte de agosto se dictan reglas “para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y otros de igual naturaleza”.

Se constituía en las Cortes la Comisión que debía elaborar el proyecto de Constitución federal el veinte de junio y el gobierno anuncia la convocatoria de elecciones municipales que se celebrarían entre el doce y el quince de julio, lo que provocó el rechazo de los intransigentes.

El gobierno pronto se mostró inoperante tanto en la elaboración del proyecto de Constitución como en la promulgación de las reformas sociales a causa de la heterogeneidad de su composición y su dependencia de la derecha, o de la labor de bloqueo que realizaban los ministros intransigentes.

Para solucionar ese problema se presentó en las Cortes una proposición encabezada por Emilio Castelar para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. Su aprobación le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por otros del sector moderado, naciendo así un Gobierno de coalición entre los centristas y los moderados de Castelar y Salmerón.

La respuesta de los intransigentes fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención, de la que emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo.

La propuesta fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al Gobierno y, a continuación, el veintisiete de junio, los intransigentes presentaron un voto de censura contra el Gobierno, que incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los intransigentes, con un giro a la derecha.

El treinta de junio, Pi y Margall pidió a las Cortes facultades extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al País vasco-navarro y a Cataluña. Los intransigentes se opusieron radicalmente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la «tiranía» y la pérdida de la democracia.

Aprobada la propuesta por las Cortes, el Gobierno publicó un manifiesto en el que, después de justificar los poderes extraordinarios que había recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva, pues “la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas”.

La respuesta de los intransigentes a la asunción de poderes excepcionales por parte del Gobierno de Pi y Margall y al bando del gobernador civil de Madrid que limitaba las garantías de los derechos individuales fue abandonar las Cortes el uno de julio.

Tras el abandono de las Cortes por los intransigentes, el Comité de Salud Pública, hizo un llamamiento a la inmediata y directa formación de cantones. Se publica un manifiesto que decía: “si la República realista se amotinase contra este Comité, este Comité se amotinaría contra aquella República amotinada, porque hemos resuelto amotinarnos contra el amotinador”. Inmediatamente varios diputados y agentes intransigentes partieron de Madrid para alentar la sublevación en diferentes provincias.

Pi y Margall condenó la vía insurreccional que propugnaban los intransigentes para poner en práctica el federalismo pactista de abajo arriba, que él mismo había defendido, porque estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada» no para una “República que ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica”.

El gobierno de Pi y Margall hacía ya frente a la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista pero a esto tuvo que enfrentarse a la llamada revolución del petróleo que se había iniciado en Alcoy el siete de julio con una huelga en la industria papelera.

A raíz de los acontecimientos de Alcoy y, sobre todo, de Cartagena, el centro-derecha de Salmerón y sobre todo la derecha de Castelar iniciaron una campaña de acoso y derribo al gobierno de Pi y Margall alertando sobre la amenaza socialista.

Pi y Margall, apoyado por la mayoría de sus ministros se negó a aplicar las medidas de excapción, que incluían la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal y la vía del diálogo harían entrar en razón a los sublevados.

Pi y Margall no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el telegrama que envió como ministro de la Gobernación a todos los gobernadores civiles el trece de julio, tres la proclamación en Cartagena del Cantón Murciano el día anterior.

La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal se aprecia también en las instrucciones que dio al general republicano Ripoll en su cometido de acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de un ejército de operaciones con base en Córdoba y le decía:

“Confío tanto en la prudencia de Vd. como en su temple de alma. No entre en Andalucía en son de guerra. Haga Vd. comprender a los pueblos que no se forma un ejército sino para garantizar el derecho de todos los ciudadanos y hacer respetar los acuerdos de la Asamblea. Tranquilice Vd. a los tímidos, modere a los impacientes; manifiésteles que con sus eternas conspiraciones y frecuentes desórdenes están matando a la República. Mantenga siempre alta su autoridad. Apele, ante todo, a la persuasión y al consejo. Cuando no basten no vacile en caer con energía sobre los rebeldes. La Asamblea es hoy el poder soberano”.

Pi y Margall pidió a las Cortes el quince de julio, que se discutiera y aprobara rápidamente la nueva Constitución para así frenar la extensión de la rebelión cantonal. El diecisiete de julio, se dio lectura al Proyecto de Constitución Federal de la República Española que había redactado en un día por Emilio Castelar.

Pi y Margall intentó formar uno nuevo que agrupara a todos los sectores de la Cámara, incluido el formado por diputados intransigentes no implicados en la insurrección de Cartagena y que habían vuelto a la Cámara rompiendo el retraimiento, para lo que pidió el voto de confianza, pero el resultado le fue adverso al obtener el apoyo de solo 93 diputados, frente a los 119 que obtuvo Nicolás Salmerón.

Lo que había sucedido era que como la política de Pi y Margall de persuasión y represión no había conseguido detener la rebelión de Cartagena, el sector moderado había votado a favor de Nicolás Salmerón.

Al día siguiente, Pi y Margall dimitió tras 37 días de mandato. En su despedida Pi Margall afirmó que su política había sido objeto no ya de censuras, sino de ultrajes y calumnias.

Pi y Margall explicó a la Cámara por qué en aquellos momentos había defendido la construcción federal de arriba a abajo, y no de abajo a arriba como siempre lo había hecho, y por lo que algunos le habían acusado de haber sido el promotor ideológico de la rebelión cantonal:

“Desde los bancos de la oposición había yo tenido el valor, estando en armas mis correligionarios, de declarar que la insurrección dejaba de ser un derecho y pasaba a ser un crimen desde el instante en que el libre pensamiento podía realizarse por medio del sufragio universal; desde el banco ministerial había sostenido que la insurrección no sólo era un crimen, sino el más grande de los crímenes bajo el régimen de la libertad, porque los demás afectan sólo intereses privados, y el de rebelión afecta a los altos intereses de la sociedad y de la patria.

Han atribuido algunos estas acusaciones al hecho de haber predicado que la República federal debe venir de abajo arriba y no de arriba abajo. Es cierto: yo había defendido esa doctrina, y la había sostenido y la había acariciado; pero teniendo en cuenta la unidad de la Patria, y deseando que no se la quebrantara ni por un solo momento, hablaba siempre de la necesidad de un poder central para que mientras se constituyeran en estados las provincias. Abandoné después esa teoría. ¿Por qué? Porque yo no soy árbitro de la marcha de los acontecimientos, porque yo sostenía esta teoría en el concepto de que mi partido viniese a ocupar el poder por medio de una revolución a mano armada. Habría sido entonces natural que la revolución se hiciese de abajo arriba; pero la República ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica. Fui yo el primero que al redactar la proposición por la cual se proclamaba la República como forma de gobierno, acepté que unas Cortes Constituyentes viniesen a definir y a organizar la República”.

El Proyecto de Constitución Federal
En el programa de gobierno que presentó Pi y Margall a las Cortes se señaló como una de sus prioridades la rápida aprobación de la Constitución de la República, por lo que inmediatamente se eligió una comisión de veinticinco miembros encargada de redactar el proyecto.

El moderado Emilio Castelar escribió en veinticuatro horas el que sería asumido por el conjunto de la comisión y presentado a las Cortes para su debate. El proyecto no satisfizo ni a los radicales, ni a los constitucionales ni tampoco a los republicanos federales intransigentes, que acabarían presentado otro proyecto constitucional.

El Proyecto redactado por Emilio Castelar reflejó su concepción de la República como la forma de gobierno más adecuada para que entraran en ella todas las opciones liberales. Según su parecer, no se podía conciliar la democracia con la monarquía, como lo había demostrado la experiencia de Amadeo I de Saboya.

Para que la República fuera aceptable para las clases conservadoras y medias, era necesario acabar con lo que Castelar llamaba demagogia roja, que confundía la república con el socialismo. El proyecto de Constitución federal presentado ante las Cortes fuera una continuación de los principios establecidos en la Constitución del año 1869.

Su proyecto se basaba en una rígida separación de poderes, todos electivos.

– El presidente de la República no era elegido por las Cortes, sino mediante unas juntas electorales votadas en cada estado regional. – Estas emitirían su voto, y el candidato que obtuviera la mayoría absoluta sería proclamado por las Cortes. Su función fue la de ejercer el llamado poder de relación entre las diferentes instituciones.
– Los diputados y senadores no podían formar parte del Gobierno, ni este asistir a las reuniones de las Cámaras.
– El poder judicial se basaba en el jurado para todo tipo de delitos.
– En cuanto a la estructurafederal, cada Estado gozaría de toda la autonomía política compatible con la existencia de la nación. Podría dotarse de una Constitución propia siempre que no fuera contraria a la federal y tener su propia Asamblea Legislativa.
– Los municipios elegirían a sus concejales, alcalde y jueces por sufragio universal.

El proyecto de Constitución constaba de un preámbulo, 117 artículos que estaban organizados en 17 títulos.

Su artículo más discutido, fue el primero, donde se establecía la división territorial de la República, y en la que se incluyó a Cuba y a Puerto Rico como forma de resolver el problema colonial, añadiéndose más adelante que leyes especiales regularían la situación de las otras provincias ultramarinas.

Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.

El Gobierno de Nicolás Salmerón

Nicolás Salmerón fue el tercer presidente del Poder Ejecutivo de la República. Era un moderado que defendía la transición gradual hacia la república federal. El lema de su gobierno fue “imponer a todos el imperio de la ley” y situó como prioridad acabar con la rebelión cantonal, para después ocuparse de los carlistas.

A partir del diecinueve de julio la rebelión cantonal se extendió fuera de Cartagena porque muchos republicanos federales, no sólo los intransigentes, pensaron que con Nicolás Salmerón al frente del gobierno sería imposible.

Entre el diecinueve y el veinticuatro de julio el movimiento cantonal se generalizó por las regiones de Andalucía, de Murcia y de Valencia, e incluso por las provincias de Salamanca y Ávila. La historia del cantonalismo la hemos visto en otro artículo.

La mayoría que apoyaba al gobierno de Nicolás Salmerón empezó resquebrajarse cuando la derecha republicana, encabezada por Emilio Castelar, exigió que se suspendiesen temporalmente las sesiones de las Cortes, se gobernase por decreto y que se restableciesen las Ordenanzas militares, incluida la pena de muerte, con el fin de asegurar que los oficiales fueran obedecidos por la tropa.

Una reivindicación de los mandos militares ya que había habido algún asesinato del oficial al mando. Este problema se puso en evidencia el uno de septiembre cuando casi un centenar de jefes y oficiales se negaron a ir a Cataluña, con la misión de restaurar la disciplina de varios batallones, si no se restablecían las ordenanzas, alegando que sin ellas carecían de autoridad.

Entonces Emilio Castelar presentó una propuesta a favor de una política más enérgica para acabar con la insurrección que consiguió el apoyo de unos 130 diputados, mientras que el grupo reformista que apoyaba a Salmerón se mostró dividido sobre la suspensión temporal de las sesiones de la Asamblea, pero rechazó, Salmerón incluido, el restablecimiento de las ordenanzas militares que incluía la pena de muerte.

El centro-izquierda también se opuso a la suspensión de las sesiones de la Asamblea y al restablecimiento de la pena de muerte y acusó a la nueva mayoría que se estaba formando en torno a Castelar de falta de federalismo.

El seis de septiembre, Nicolás Salmerón dimitía de la presidencia del Poder Ejecutivo, a pesar de que Emilio Castelar intentó convencerle para que no lo hiciera. El motivo inmediato de la dimisión fue no tener que firmar las sentencias de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado a los carlistas. Salmerón era contrario a la pena de muerte.

A esto hay que añadirle otras causas como la conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad. Román Miguel González añade un tercer motivo que considera el fundamental: “Era claro que su gobierno estaba cada vez más mediatizado por el apoyo de una mayoría hegemonizada por la derecha y con la que se mostraban crecientemente disconformes destacados miembros de su grupo de centro-derecha”.

En la sesión de las Cortes del seis de septiembre, en que se discutió la dimisión de Nicolás Salmerón y el nombramiento de Emilio Castelar para sustituirle, Pi y Margall, que estaba recuperando apoyos a su programa centrista de “Orden y Reformas”, realizó una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión cantonal:

“El Gobierno ha vencido a los insurrectos, pero ha sucedido lo que yo temía: han sido vencidos los republicanos. ¿Lo han sido los carlistas? No. Ínterin ganabais vitalidad en el mediodía, los carlistas la ganaban en el norte. […] Yo no hubiese apelado a vuestros medios, declarando piratas a los buques de que se apoderaron los federales; yo no hubiese permitido el que naciones extranjeras, que ni siquiera nos han reconocido, viniesen a intervenir en nuestras tristísimas discordias. Yo no hubiese bombardeado Valencia. Yo os digo que, por el camino que seguís es imposible salvar la República, porque vosotros desconfiáis de las masas populares y sin tener confianza en ellas, es imposible que podáis hacer frente a los carlistas”.



El Gobierno de Emilio Castelar

El 7 de septiembre de 1873, Emilio Castelar fue investido por las Cortes para ocupar la Presidencia del gobierno. Recibió el apoyo no sólo de los diputados de la derecha sino también del centro-derecha de Salmerón, consiguió 133 votos y Pi y Margall 67.

Durante un acalorado debate que había tenido lugar en las Cortes el 30 de julio Castelar había dicho lo siguiente:



“Yo amo con exaltación a mi patria, y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a las más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas y que íntegro debemos delegar a las generaciones venideras”.



Solo dos días después de haber sido investido presidente del Poder Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las las pedidas por Pi y Margall para el País Vasco y Navarra y para Cataluña para combatir a los carlistas, pero ahora extendidas a toda España para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal.

El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que supondría paralizar la discusión y la aprobación del proyecto de Constitución federal, para lo que Castelar tuvo que emplearse a fondo y poner en juego todo su prestigio personal.



El dieciocho de septiembre la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la oposición de los centristas de Pi y Margall y de los intransigentes que habían vuelto a la Cámara, fueron 124 votos a favor y 68 en contra. Así, las Cortes quedaron suspendidas desde el veinte de septiembre del año 1873 hasta el dos de enero de 1874.

La intervención de Pi y Margall en el debate del dieciocho de septiembre se había centrado en exigir que las sesiones continuaran hasta que se aprobara la Constitución, alegando que los períodos de interinidad son peligrosos y ocasionados a turbulencias y desórdenes.



Pi y Margall afirmó que la pretensión de incorporar a la República a los constitucionales y a los radicales era una ilusión “porque los partidos en España serán siempre partidos, y tenderán siempre a alcanzar el poder por los medios que puedan”.



El problema político está en demostrar que con la República hay orden, hay autoridad, hay respeto a la ley, hay castigo para el criminal, hay guerra para los pronunciamientos, hay horror a la anarquía. La República puede crear una sociedad fuerte, un Estado respetado dentro de la federación, dentro de la libertad y dentro de los intereses de la integridad, unidad y prosperidad de la Patria.

Los poderes extraordinarios que obtuvo Castelar y la suspensión de las sesiones de las Cortes le permitieron gobernar por decreto, facultad que utilizó inmediatamente para reorganizar el cuerpo de artillería disuelto hacía unos meses, llamar a los reservistas y convocar una nueva leva con lo que consiguió un ejército de 200.000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de cien millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra. También incorporó 35. 000 nuevos guardias civiles y reorganizó y militarizó la milicia ciudadana y la purgó de federalistas.

Además Castelar recuperó las ordenanzas militares que se aplicarían con todo rigor, incluida la pena de muerte «establecida en todos los códigos militares en todos los códigos militares del mundo sin excepción», argumentó Castelar, y estableció la imposición de multas de 5.000 pesetas a las familias cuyos hijos desertaran.

También promulgó varios decretos que limitaban los derechos y las libertades ciudadanas, como la prohibición de ausentarse de una localidad sin la preceptiva cédula oficial de identificación o la prohibición a los periódicos de publicar noticias sobre la rebelión que no fueran las notas oficiales.



Tras la suspensión de las Cortes, Castelar inició su proyecto de acercamiento a las clases conservadoras, sin cuyo apoyo, según él, la República no podría perdurar, ni siquiera alcanzar la estabilidad política para poder hacer frente a las tres guerras civiles en que estaba envuelta.

En uno de sus discursos ante la Cámara Castelar había dicho: “Quiero probar que la autoridad es compatible con la República, y el orden con la libertad, única política posible porque la Europa entera nos mira con desconfianza”.

El acercamiento a los constitucionalistas y a los radicales por parte Castelar encontró la oposición de los centristas de Pi y Margall y del «moderado Nicolás Salmerón y de sus seguidores, que hasta entonces habían apoyado al gobierno, porque creían que la República debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recién llegados.

Se había producido un acercamiento entre Salmerón y Pi y Margall, a pesar de las graves discrepancias que habían mantenido en los meses anteriores, y querían formar un gran Centro que agrupase al centro-derecha y al centro-izquierda, lo que fue interpretado por los seguidores de Castelar y por la extrema derecha monárquica y republicana unitaria como la vuelta de la amenaza socialista y de la disolución de la Patria.



Un nuevo motivo de distanciamiento entre Salmerón y Castelar fue el acuerdo al que había llegado este último con el Vaticano para cubrir veinte diócesis que estaban vacantes, entre ellas sedes tan importantes como las de Toledo, Tarragona o Santiago de Compostela.



Hay rumores cada vez más insistentes de que se estaba preparando un golpe de Estado. Emilio Castelar llamó a su despacho el veinticuatro de diciembre al general Pavía que era Capitán General de Castilla la Nueva nombrado por él mismo tras su exitosa campaña militar que puso fin al cantonalismo andaluz, para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no participara en la intentona.

Pavía le expreso su preocupación por la posibilidad de que su gobierno cayera y le pidió que prolongara la suspensión de las Cortes. Castelar le dijo que no se separaría un ápice de la legalidad y el general Pavía le respondió: “Yo lo seguiré a usted a todas partes”.

El treinta de diciembre, se reunían Salmerón y Pi y Margall, con Figueras como testigo. Salmerón habló de la necesidad de poner fin al gobierno de Castelar porque estaba perdiendo la República con sus exageraciones autoritarias. Pi y Margall coincidió con él y abogó por la inmediata organización federal del país como único medio de salvar la República, por lo que la tarea prioritaria de las Cortes sería reanudar el debate sobre la Constitución Republicana.

Acordaron plantear un voto de censura contra el gobierno de Castelar cuando se reabrieran las Cortes el dos de enero y constituir uno alternativo de transición en el que no estaría presente ninguno de los dos, aunque no se habló de quién iba a presidirlo.



Fernando VII y el trienio liberal

Cuando se reabrieron las Cortes el dos de enero del año 1874, el Capitán General de Madrid, el general Pavía tenía preparadas sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. En el lado contrario, batallones de Voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar.



En la sesión de las Cortes, Nicolás Salmerón anunció que retiraba su apoyo a Castelar. En su discurso acusó a Castelar “de haber abandonado la política republicana: se ha roto la órbita trazada por los principios del partido republicano de tal manera, que ya en la situación no sólo predominan, sino que lo son todo las fuerzas conservadoras”.

Le respondió Emilio Castelar haciendo un llamamiento al establecimiento de la “República posible» con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la demagogia, el gran enemigo de la República, cuya culpa recaía en esos que, hablando de una utopía socialista que prometían edenes que no han podido traer a la Tierra a pesar de haber estado en el Gobierno”.

El tres de enero se votó la moción de confianza al gobierno presentada por varios diputados de la derecha en la que Castelar salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a este a presentar la dimisión. Se hizo un receso durante el cual Pi y Margall, Salmerón y Figueras, junto con otros dos diputados, se reunieron para acordar quién iba a presidir el gobierno.



A las siete menos cinco de la mañana se reanudó la sesión y cuando se estaba iniciando la votación de investidura del nuevo gobierno se supo que las tropas Pavía habían rodeado el edificio del Congreso y el propio general se encontraba en la plaza.

Dos ayudantes suyos le entregaron una nota a Salmerón, presidente de las Cortes, para que desalojara. Le dieron cinco minutos de plazo para cumplirla. Salmerón les dijo que le comunicaran a Pavía que estaba atentando contra la soberanía nacional y contra la República y “que el tribunal del pueblo será inexorable contra el autor de semejante crimen”. Salmerón informó a los diputados lo que estaba sucediendo a lo que estos respondieron con vivas a la soberanía nacional y mueras a los traidores y a Pavía.



A continuación penetraron en el edificio los soldados del regimiento de Mérida, seguidos por los guardias civiles encargados de la custodia del edificio al mando de coronel Iglesias, que se había pasado al lado de los golpistas.

Nada más desalojar el Congreso, Pavía envió un telegrama a los jefes militares de toda España en el que les pedía su apoyo al golpe, que el general llamaba “mi patriótica misión, conservando el orden a todo trance”.

Como Castelar había rehusado el ofrecimiento del general Pavía para que presidiera el gobierno nacional que él proponía porque no estaba dispuesto a mantenerse en el poder por medios antidemocráticos.

La presidencia del gobierno la asumió el general Serrano, quien se fijó como objetivo prioritario acabar con la rebelión cantonal y con la tercera guerra carlista. Su gobierno estuvo integrado por constitucionalistas, radicales y un republicano unitario.

Estos hechos supusieron el final de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más, con el general Serrano al frente.

La República unitaria

El general Francisco Serrano fu un antiguo colaborador de Isabel II, ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado durante el Sexenio Democrático. Al asumir la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y la presidencia del Gobierno, se fijó como objetivo acabar con la rebelión cantonal y la tercera guerra carlista, para luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno.

El general Serrano En el manifiesto que hizo público el ocho de enero un manifiesto, justificó el golpe de Pavía afirmando que el Gobierno que iba a sustituir al de Castelar hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo carlista.

Quedó así establecida la dictadura de Serrano, pues no existía Parlamento que controlara la acción del Gobierno, al haber quedado disueltas las Cortes republicanas, ni ley suprema que delimitara las funciones del poder Ejecutivo, porque se restableció la Constitución del año 1869, pero a continuación se la dejó en suspenso hasta que se asegurase la normalidad de la vida política.

La instauración de la dictadura no encontró resistencia popular, excepto en Barcelona, donde los días siete y ocho se levantaron barricadas y se declaró la huelga general. En los enfrentamientos con el ejército hubo una docena de víctimas, y los sucesos más graves se produjeron en Sarriá, a causa de un levantamiento encabezado por el Xich de les Barraquetes, al mando de unos ochocientos hombres.



Las primeras medidas que tomó el Gobierno de Serrano pusieron de manifiesto su carácter conservador. Gracias a que la Constitución de 1869 estaba suspendida, ordenó la inmediata disolución de la sección española de Asociación Internacional de Trabajadores, por atentar contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales.



El siete de enero promulgó un decreto de movilización, confirmado por el llamamiento extraordinario del dieciocho de julio, en el que se volvió al viejo sistema de las quintas, con el sorteo y la redención en metálico.

Imagen: Pi i Margall es nombrado presidente de la I República española

La supresión de los consumos tampoco fue respetada por la dictadura de Serrano, que el veintiséis de junio, restablecía este impuesto sobre los artículos de beber, comer y arder, además de otro sobre la sal y uno extraordinario sobre los cereales.

Acabada la rebelión cantonal, Serrano marchó al norte el veintiséis de febrero para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas. En Madrid dejó al general, Juan de Zavala al frente del Gobierno, y quedó él como presidente del Poder Ejecutivo de la República.

En septiembre, Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del Gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y, uno tras otro, los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.

En septiembre, Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del Gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y, uno tras otro, los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.

El uno de diciembre, Cánovas del Castillo tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sandhurst, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso, en el que este se definía como hombre del siglo, verdaderamente liberal, afirmación con la que buscaba la reconciliación de los liberales en torno a su monarquía y en el que unía los derechos históricos de la dinastía legítima con el gobierno representativo y los derechos y libertades que le acompañan.

Imagen/articulo: Las dificultades de la Masonería en los albores de la Primera República

Era la culminación de la estrategia que había diseñado Cánovas desde que había asumido la jefatura de la causa Alfonsina, el veintidós de agosto del año 1873. Su finalidad consistía en crear mucha opinión en favor de Alfonso con «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía.

El veintinueve de diciembre del año 1874, el general, Martínez Campos se levantó en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica, en la persona de don Alfonso de Borbón.

El único que tomó alguna iniciativa para oponerse al golpe fue el almirante Topete quien convenció a otros revolucionarios del año 1868 como Manuel Ruiz Zorrilla para que formaran una comisión que se entrevistara con el presidente Sagasta. Los acuerdos adoptados en dicha reunión no fueron llevados a cabo por Sagasta.

El treinta y uno de diciembre del año 1874, se formó el llamado Ministerio-Regencia, presidido por Cánovas del Castillo, a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra.

Me gusta siempre conocer la visión que da Benito Pérez Galdós de este periodo histórico, pues fue un republicano convencido. Dedico sus dos últimos Episodios Nacionales a la Primera República.



Se centró en los políticos del año 1873, diciendo: “que no estuvieron a la altura de su misión. Carecieron de energía y realismo, de conciencia de su más imperiosa obligación ciudadana; anduvieron sobrados de ingenuidad e idealismo para para defender y consolidar el nuevo régimen”.

Esta percepción era compartida por la mayoría de los republicanos, aunque “con ello, contribuyeron, sin buscarlo, a los discursos que deslegitimaban la república per se, no solo la del 73”.

Los sectores conservadores y reaccionarios mantuvieron unas visiones bastante constantes más o menos tremendistas acerca de aquella forma de gobierno marcada por la anarquía, el caos y el desmembramiento de la nación.



BIBLIOGRAFÍA

Bahamonde, Ángel. “España en democracia. El Sexenio, 1868-1874”. 1996. Historia 16-Temas de Hoy. Madrid.

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Catalinas, José Luis; Echenagusía, Javier. “La Primera República. Reformismo u revolución social”. 1973. Alberto Corazón. Madrid.

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RADICAL: adjetivo1. De la raíz o relacionado con ella.2. Que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa.

RADICAL: adjetivo
1. De la raíz o relacionado con ella.
2. Que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa.

RADICALISMO

https://es.wikipedia.org/wiki/Radicalismo#:~:text=El%20radicalismo%2C%20en%20sentido%20amplio,cient%C3%ADfico%2C%20moral%20e%20incluso%20religioso.

El radicalismo es una corriente política surgida en la segunda mitad del siglo xix, a partir de la creación de partidos radicales en varias partes del mundo. Aun sin ser homogéneo y habiendo seguido evoluciones diferentes en cada país, el radicalismo histórico se caracteriza por su postura intransigente respecto de una serie de principios humanistas, racionalistas, laicos y republicanos, y una visión más avanzada de la sociedad desde una perspectiva liberal progresista con especial acento en los derechos civiles y en los derechos políticos.[1]​

Jeremy Bentham, principal ideólogo radical de Inglaterra

El radicalismo, en sentido amplio, es todo conjunto de ideas y doctrinas de quienes, en ciertos momentos de la vida social, pretenden reformar profundamente el orden político, científico, moral e incluso religioso.[2]​ Radicalismo proviene del latín radix, que significa “raíz”, empleado como equivalente a “principio”, “fundamento”, “causa” o “razón primera” de las cosas.[3]​ En este sentido amplio, el radicalismo está emparentado con el fundamentalismo.

Radicalismo y liberalismo

Las dos filosofías de la Ilustración: el liberalismo y el radicalismo, compartían el objetivo de liberar a la humanidad del tradicionalismo. Sin embargo, los liberales consideraban suficiente establecer derechos individuales que protegieran al individuo, mientras que los radicales buscaban reformas institucionales, sociales/económicas y especialmente culturales/educativas para permitir que todos los ciudadanos pusieran en práctica esos derechos. Por eso, el radicalismo fue más allá de la reivindicación de la libertad buscando también la igualdad, es decir, la universalidad como en Liberté, Égalité, Fraternité.

En muchos países, el radicalismo representó un ala menor dentro de la familia política liberal, como en el caso de los Radical Whigs en la Inglaterra. En ocasiones, el ala radical de los liberales era de línea dura o doctrinaria y en otros casos más moderada y pragmática. En otros países, el radicalismo había tenido suficiente apoyo electoral por sí solo, o un sistema electoral favorable o socios de coalición, para mantener distintos partidos radicales como en Suiza y Alemania (Freisinn), Bulgaria, Dinamarca, Italia, España y los Países Bajos[4]​ pero también Argentina (Unión Cívica Radical), Chile y Paraguay.[5]​

La Gran Bretaña de la era victoriana poseía ambas tendencias: en Inglaterra, los radicales eran simplemente el ala izquierda de la coalición liberal, aunque a menudo se rebelaban cuando los Whigs socialmente conservadores resistían a las reformas democráticas, mientras que en Irlanda los radicales (Society of United Irishmen) perdían la fe en la capacidad del gradualismo parlamentario para generar políticas igualitarias y la reforma democrática y, rompiendo con el cuerpo principal de los liberales, persiguió una república parlamentaria democrática radical a través del separatismo y la insurrección.

Esto no significa que todos los partidos radicales estuvieran formados por liberales de izquierda. En la literatura política francesa, es normal hacer una clara separación entre el Radicalismo como una fuerza política distinta a la izquierda del Liberalismo ya la derecha del Socialismo. Con el tiempo, a medida que se formaban nuevos partidos de izquierda para abordar los nuevos problemas sociales, el ala derecha de los radicales se escindía en desacuerdo con la familia radical principal y se absorbía como el ala izquierda de la familia liberal.

La distinción entre radicales y liberales quedó clara en los dos intentos de mediados del siglo xx de crear una internacional para los partidos democráticos de centro. En 1923-4, los radicales franceses crearon una Entente Internationale des Partis Radicaux et des Partis Démocratiques similaires: se unieron a ella los partidos radicales de centro-izquierda de Europa, y en las democracias donde no existía equivalente (Gran Bretaña y Bélgica), el partido liberal se le permitió asistir en su lugar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Internacional Radical no se reformó; en cambio, se estableció una Internacional Liberal de centroderecha, más cercana al liberalismo conservador de los partidos liberales británico y belga.[6]​[7]​

Esto marcó el final del radicalismo como fuerza política independiente en Europa, aunque algunos países como Francia y Suiza mantuvieron partidos radicales políticamente importantes hasta bien entrada la década de 1950 y 1960. Muchos partidos europeos que hoy en día se clasifican en el grupo de los partidos social-liberales tienen una afinidad histórica con el radicalismo y, por lo tanto, pueden denominarse «liberales-radicales».[8]​

Historia (resumen)
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El radicalismo o radicalismo clásico[9]​ fue un movimiento político histórico que representó el flanco izquierdo del liberalismo durante finales del siglo xviii y principios del XIX y un precursor del social liberalismo, de la socialdemocracia y del progresismo moderno.[10]​[11]​ Sus inicios más tempranos se encuentran en Gran Bretaña con los Levellers (niveladores) (1647-1649) durante la Guerra Civil Inglesa y los posteriores Radical Whigs (1688-1750).

Durante el siglo xix en el Reino Unido, Europa continental y América Latina, el término radical llegó a denotar una ideología liberal progresista inspirada en la Revolución Francesa. Históricamente, el radicalismo surgió en forma temprana con la Revolución Francesa y los movimientos similares que inspiró en otros países.

Se hizo prominente durante la década de 1830 en el Reino Unido con los cartistas y Bélgica con la Revolución de 1830, luego en toda Europa en las décadas de 1840 y 1850 durante las revoluciones de 1848.

En contraste con el conservadurismo social de la mayoría de los políticos liberales, el radicalismo apoyó una reforma radical del sistema electoral para ampliar el derecho a votar. También se asoció con el republicanismo, el liberalismo, la política de izquierda, el modernismo, el humanismo secular, el antimilitarismo, el nacionalismo cívico, la abolición de los títulos, el racionalismo, el laicismo, la redistribución de la propiedad y la libertad de prensa.

En la Francia del siglo xix, el radicalismo había surgido como una fuerza política menor en la década de 1840 como la extrema izquierda del momento (en contraste con el liberalismo socialmente conservador de los republicanos moderados y los monárquicos orleanistas y el antiparlamentarismo de los monárquicos legitimistas y bonapartistas).

Para la década de 1890, los radicales franceses no estaban organizados bajo una única estructura nacional, sino que se habían convertido en una fuerza política importante en el parlamento. En 1901, consolidaron sus esfuerzos al formar el primer gran partido político extraparlamentario del país, el Partido Republicano, Radical y Radical-Socialista, que se convirtió en el partido de gobierno más importante durante la segunda mitad (1899 a 1940) de la Tercera República francesa.

El éxito de los radicales franceses animó a los radicales de otros lugares a organizarse en partidos formales en una variedad de otros países a fines del siglo xix y principios del XX, y los radicales ocuparon cargos políticos importantes en Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Rusia, España, Suecia y Suiza.

Durante el período de entreguerras, los partidos radicales europeos organizaron la Entente Radical, su propia organización internacional política.

Antes de que el social liberalismo y el socialismo surgieran como ideologías políticas dominantes, el radicalismo ocupaba una posición política de izquierda similar a la de los socialdemócratas o sssocialista]]s en la política moderna. A medida que la socialdemocracia surgió como una fuerza política distinta por derecho propio, el movimiento radical se dividió entre alinearse con el movimiento liberal conservador de centro-derecha o unirse a los socialdemócratas.

En muchos países europeos, los partidos radicales se dividieron (como en Dinamarca, donde Venstre emprendió un cambio de marca conservador-liberal, mientras que Radikale Venstre mantuvo la tradición radical como parte de una coalición reformista con los socialdemócratas), adoptaron una nueva orientación o se disolvieron.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los radicales europeos se extinguieron en gran medida como una fuerza política importante, excepto en Italia, Escandinavia y su corazón francés. Sin embargo, América Latina, donde la socialdemocracia nunca echó raíces como en Europa, conserva una tradición radical autóctona distinta.

El radicalismo como movimiento y fenómeno político
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El radicalismo surge originalmente del liberalismo y los Movimientos liberales del siglo xviii y xix y fue durante mucho tiempo la orientación política de la izquierda liberal. Los demócratas radicales abogaron por el sufragio universal, una sistemática pérdida de poder de la Iglesia y la República parlamentaria como forma de gobierno.

En su origen histórico, el concepto se refiere a la actitud política de aquellos partidos que para la solución de los problemas políticos y sociales de su tiempo proponían reformas de fondo, aplicando hasta sus últimas consecuencias principios de inspiración jacobina, humanista, agnóstica y democrática: educación laica para todos, separación de la Iglesia y el Estado, reforma social, etc. En su evolución posterior, sus ímpetus reformistas se amortiguaron y el Radicalismo apoya en general posiciones de centro, con fuerte hincapié en la ética cívica, la democracia política, un planteo económico moderadamente estatista y cierto asistencialismo social. Actualmente, los partidos Radicales asumen posturas relacionadas al social liberalismo, la socialdemocracia y el progresismo.[12]​

Las palabras radical y radicalismo se usaron con alguna frecuencia en Europa desde fines del siglo xviii y en América Latina[13]​ durante el siglo xix y la primera mitad del siglo xx para dar nombre a varios partidos políticos que se caracterizaron principalmente por el desarrollo de la teoría de los derechos civiles y políticos, y de la soberanía popular que sirvió de base a las formulaciones socialistas de las próximas décadas.

En Gran Bretaña
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Artículo principal: Radicales (Reino Unido)

Charles James Fox fue un relevante político radical británico, conocido por su campaña antiesclavista, y por apoyar la independencia de los Estados Unidos, así como a la Revolución Francesa.

John Wilkes fue un periodista, político radical y parlamentario inglés
Principios
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Según la Encyclopædia Britannica, el primer uso del término radical en un sentido político generalmente se atribuye al parlamentario inglés Charles James Fox, un líder del ala izquierda del partido Whig que disintió del liberalismo conservador del partido y veía con buenos ojos el reformas radicales emprendidas por los republicanos franceses, como el sufragio universal masculino. En 1797, Fox se pronunció por una «reforma radical»[14]​ del sistema electoral. Esto condujo a un uso general del término para identificar a todos los que apoyan el movimiento por la reforma parlamentaria.

El movimiento radical tuvo sus inicios en un momento de tensión entre las colonias de América y Gran Bretaña, con los primeros radicales, enojados por el estado de la Cámara de los Comunes, aprovechando la tradición niveladora (Levellers) modo similar exigiendo una mejor representación parlamentaria.

Estos conceptos anteriores de reforma democrática e incluso igualitaria habían surgido con motivo de los disturbios de la Guerra Civil Inglesa y el breve establecimiento del republicano de la República Commonwealth de Inglaterra, pero con la Restauración inglesa de la monarquía tales ideas fueron desacreditadas. Aunque la Revolución Gloriosa de 1688 había aumentado el poder parlamentario con una monarquía constitucional y la unión de los parlamentos de Inglaterra y Escocia, hacia el final del siglo xviii el monarca todavía tenía una influencia considerable sobre el Parlamento Británico que a su vez fue dominado por la aristocracia inglesa.

Los candidatos a la Cámara de los Comunes se presentaron como Whigs o Tories, pero una vez elegidos formaron coaliciones cambiantes de interés, en lugar de la división a lo largo de las líneas de partido. En las elecciones generales el voto estaba restringido a los propietarios, en los distritos electorales que estaban desactualizados y no reflejaban la creciente importancia de las ciudades manufactureras o los cambios de población, , de modo que en los distritos podridos los escaños podían comprarse o eran controlados por ricos terratenientes mientras las principales ciudades quedaron con poca representación. El descontento con estas desigualdades inspiró a aquellos individuos que más tarde se conocieron como los «whigs radicales».

William Beckford fomentó un temprano interés por la reforma electoral en Londres.

Los «Radicales de Middlesex», dirigidos por John Wilkesque, en 1764, comenzó a publicar el semanario: The North Briton en 1764 y en dos años había sido acusado de difamación sediciosa y expulsado de la Cámara de los Comunes.

En 1769, fundó la Sociedad para la Defensa de la Declaración de Derechos para apoyar su reelección, a través del cual desarrolló la creencia de que todo hombre tenía derecho a votar y una «razón natural» que le permitía juzgar adecuadamente los asuntos políticos. La libertad consistió en elecciones frecuentes y por primera vez los radicales de clase media obtuvieron el respaldo de la «mafia» de Londres.

La Sociedad para la Defensa de la Declaración de Derechos que se inició en 1769 para apoyar su reelección desarrolló la creencia de que cada hombre tenía derecho a voto y la «razón natural» que le permita juzgar adecuadamente las cuestiones políticas. Por primera vez, los radicales de la clase media obtuvieron el respaldo de la «mafia» de Londres.

Middlesex y Westminster eran de los pocos distritos electorales con un electorado grande y socialmente diverso que incluía a muchos artesanos, así como a la clase media y a la aristocracia, y junto con la asociación del condado de Yorkshire dirigido por el reverendo Christopher Wyvill estaban en la vanguardia de la actividad de la reforma radical. Los escritos de lo que se conoció como los «radicales whigs» tuvieron una alta influencia en la Independencia de los Estados Unidos.

John Cartwright fue un oficial naval inglés que se negó a luchar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y en 1776 se ganó el título de «Padre de la reforma» cuando publicó su folleto: Take Your Choice![15]​ (¡Tome su decisión!) abogando por parlamentos anuales, el voto secreto y el sufragio universal masculino.

En 1780 fue elaborado por Charles James Fox y Thomas Marca Hollis un proyecto de reforma electoral , y presentado por un subcomité de los electores de Westminster. Este incluye las convocatorias de los seis puntos que más tarde fueron adoptados en la Carta del Pueblo.

Entre 1789 y 1819
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Después de la Revolución Francesa de 1789, Thomas Paine escribió «Los derechos del hombre» (1791)[16]​ como respuesta al ensayo contrarrevolucionario de Edmund Burke: «Reflexiones sobre la Revolución Francesa»[17]​ (1790), en sí mismo un ataque al sermón de Richard Price que dio inicio a la tan -llamada «guerra de panfletos» conocida como la Controversia de la Revolución.

Mary Wollstonecraft, otra partidaria de Price, pronto siguió con: «Vindicación de los derechos de la mujer».[18]​

Con estas publicaciones, los radicales aumentaron el apoyo popular a la reforma democrática junto con el rechazo de la monarquía, la aristocracia y todas las formas de privilegio. Se desarrollaron diferentes tendencias del movimiento, con «reformadores» de clase media que buscaban ampliar el derecho al voto para representar intereses comerciales e industriales y ciudades sin representación parlamentaria, mientras que los «radicales populares» extraídos de la clase media y de los artesanos se agitaron para hacer valer derechos más amplios.

La base teórica para la reforma electoral fue proporcionada por «radicales filosóficos» que siguieron la filosofía utilitaria de Jeremy Bentham y apoyaron firmemente la reforma parlamentaria, pero en general fueron hostiles a los argumentos y tácticas de los «radicales populares».

En Irlanda, la Society of United Irishmen tomó otro rumbo, añadiendo a la doctrina de una república laica y parlamentaria inspirada en las revoluciones republicana americana y francesa, otra doctrina de la Revolución Francesa: el nacionalismo cívico. Consternados por la incapacidad del parlamentarismo británico para introducir las reformas democráticas de raíz y rama deseadas, los radicales irlandeses canalizaron su movimiento hacia una forma republicana de nacionalismo que proporcionaría igualdad y libertad. Esto se persiguió a través de la revolución armada y, a menudo, con la ayuda de Francia en varias ocasiones a finales del siglo xviii y xix (ver: Republicanismo irlandés).

Algunos radicales populares, como Thomas Spence, un maestro de escuela de Newcastle, fue más allá que Paine, y exigió la nacionalización de la tierra para redistribuir la riqueza a través de un artículo publicado en un periódico llamado: Pig’s Meat en una referencia a la expresión acuñada por Edmund Burke swinish multitude (multitud porcina).

Surgieron organizaciones radicales, como:

la London Corresponding Society: formado por artesanos de Londres, en enero de 1792, bajo el liderazgo del zapatero Thomas Hardy;
Friends of the People: formada en escocia, que, en octubre de 1793, celebró una convención en Edimburgo con delegados de algunas de las sociedades correspondientes inglesas, dónde emitieron un manifiesto exigiendo el sufragio universal masculino con elecciones anuales y expresando su apoyo a los principios de la Revolución Francesa.
Sin embargo, el número de personas involucradas en estos movimientos era pequeño y la mayoría quería una reforma en lugar de una revolución, pero por primera vez los trabajadores estaban se organizando para el cambio político.

El gobierno reaccionó con dureza, encarcelando a los principales radicales escoceses, suspendiendo temporalmente el habeas corpus en Inglaterra y aprobando el Seditious Meetings Act 1795 (Ley de Reuniones Sediciosas de 1795), lo que significaba que se necesitaba una licencia para cualquier reunión en un lugar público de cincuenta o más personas.

A lo largo de las Guerras Napoleónicas, el gobierno tomó amplias y severas medidas contra los temidos disturbios internos. Las organizaciones radicales terminaron, pero algunos radicales continuaron en secreto, con simpatizantes irlandeses en particular formando sociedades secretas para derrocar al gobierno y alentar motines.

En 1812, John Cartwright formó el primer Hampden Club, que lleva el nombre del líder parlamentario de la Guerra Civil inglesa, John Hampden, con el objetivo de reunir a los moderados de clase media y los radicales de clase baja.

Después de las Guerras Napoleónicas, las Leyes de Cereales (vigentes entre 1815 y 1846) y las malas cosechas fomentaron el descontento. Las publicaciones de William Cobbett fueron influyentes y en las reuniones políticas oradores como Henry Hunt se quejaron de que solo tres hombres de cada cien tenían derecho a voto.

Escritores como los radicales William Hone y Thomas Jonathan Wooler difundieron la disidencia con publicaciones como The Black Dwarf desafiando una serie de actos gubernamentales para frenar la circulación de literatura política.

Los disturbios radicales en 1816 y 1817 fueron seguidos por el Masacre de Peterloo de 1819 publicitado por Richard Carlile, quien luego continuó luchando por la libertad de prensa desde la prisión. Las Seis Leyes de 1819 limitaron el derecho a manifestarse o celebrar reuniones públicas.

En Escocia, la agitación durante tres años culminó en un intento de huelga general y un levantamiento obrero fallido aplastado por las tropas gubernamentales en la Insurrección Escocesa de 1820.

Se aumentaron los poderes de los magistrados para aplastar las manifestaciones de los fabricantes y la acción de los luditas radicales.

Para contrarrestar la doctrina establecida de la Iglesia de Inglaterra de que el orden social aristocrático fue divinamente ordenado, los radicales apoyaron el evolucionismo lamarckiano, un tema proclamado por los agitadores de las esquinas, así como por algunos científicos establecidos como Robert Edmund Grant.

Desde 1820
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Después de 1821, las condiciones económicas mejoraron y el gobierno del Reino Unido hizo mejoras económicas y de derecho penal, abandonando las políticas de represión.

En 1823, Jeremy Bentham junto con James Mill, fundó la Westminster Review, como una revista para «radicales filosóficos», estableciendo la filosofía utilitaria de que las acciones correctas debían medirse en proporción al mayor bien que lograban para el mayor número.

Durante la década de 1820, dos radicales fueron elegidos al parlamento, por el Distrito de Westminster.

Los Whigs ganaron el poder y, a pesar de las derrotas en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, se aprobó la Ley de Reforma de 1832 con el apoyo de la protesta pública, reuniones masivas de «uniones políticas» y disturbios en algunas ciudades. Esta otorgó derechos a las clases medias, pero no cumplió con todas las demandas radicales.

Los whigs introdujeron medidas de reforma debido en gran parte a las ideas de los radicales filosóficos, aboliendo la esclavitud y en 1834 introduciendo reformas malthusianas de la Poor Law Amendment Act 1834 a las que se opusieron amargamente los «radicales populares» y escritores como Thomas Carlyle.

Después de la Ley de Reforma de 1832, a los whigs, principalmente los aristocráticos de la Cámara de los Comunes, se les unió un pequeño número de radicales parlamentarios, así como un mayor número de whigs de clase media. En 1839, se les llamaba informalmente «el partido liberal».

A partir de 1836, los radicales de la clase trabajadora se unieron en torno a la causa cartista de la reforma electoral expresada en la «Carta del Pueblo» redactada por seis miembros del Parlamento y seis de la London Working Men’s Association (Asociación de Hombres Trabajadores de Londres) (asociada con el socialismo utópico owenista), que pedía seis puntos:

sufragio universal masculino;
distritos electorales de igual tamaño;
voto secreto;
fin de la calificación de propiedad para el Parlamento;
pago de los miembros del Parlamento; y
Parlamentos Anuales.
Los cartistas también expresaron reclamaciónes económicas, pero sus manifestaciones masivas y peticiones al parlamento no tuvieron éxito.

A pesar de los desacuerdos iniciales, después de su fracaso, su causa fue retomada por la Liga contra la Ley de Cereales, fundada, en 1839, por Richard Cobden y John Bright para oponerse a los aranceles sobre el grano importado que elevaba el precio de los alimentos y ayudaba a los terratenientes a expensas de la gente común.

En 1859, Los radicales parlamentarios se unieron a los whigs y los conservadores peelitas antiproteccionistas para formar el Partido Liberal (Reino Unido).

En 1864, la demanda de reforma parlamentaria aumentó con la agitación de John Bright y la Reform League.

Cuando el gobierno liberal encabezado por Lord Russell y William Ewart Gladstone presentó un modesto proyecto de ley para la reforma parlamentaria, fue derrotado tanto por los conservadores como por los liberales reformistas, lo que obligó al gobierno a dimitir.

Os conservadores bajo Lord Derby y Benjamin Disraeli asumieron el cargo y el nuevo gobierno decidió «dar un salto en la oscuridad» para atribuirse el mérito de la reforma. Como gobierno minoritario, tuvieron que aceptar enmiendas radicales y la Ley de Reforma de 1867 casi duplicó el electorado, dando el voto incluso a los trabajadores.

Los radicales, habiendo sido arduos en sus esfuerzos en favor de las clases trabajadoras, ganaron seguidores muy leales: los sindicalistas británicos desde 1874 hasta 1892, al ser elegidos para el Parlamento, nunca se consideraron otra cosa que radicales y fueron etiquetados como Lib-Labs (Liberales Laboristas). Los sindicalistas radicales formaron la base de lo que luego se convirtió en el Partido Laborista (Reino Unido).

Actualmente los Liberal Demócratas recogen la herencia de los Radicales, de donde se destacan David Steel, Paddy Ashdown y Charles Kennedy, y por el otro los liberales clásicos de donde se destacan David Lloyd George, Vince Cable y Nick Clegg.

El radicalismo en Francia
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Véanse también: Jacobinismo, Revolución Francesa y Partido Republicano Radical y Radical Socialista.
En Francia los movimientos radicales fueron asumidos por el jacobinismo nostálgico de los postulados de 1789 — traicionados por la restauración monárquica y por el ‘oportunismo’ de los republicanos liberales más conservadores — que planteó la república como forma de gobierno, la separación de la Iglesia y el Estado, el laicismo en la educación, el sufragio universal masculino, enmiendas fiscales, reformas sociales de cierta profundidad, cesación de la política colonialista.

Los grupos radicales, como los otros partidos políticos franceses, nunca fueron muy grandes, y operaban separada y desordenadamente bajo el liderazgo inconexo de algunas figuras públicas, como Léon Gambetta (1838-1882), Georges Clemenceau (1841-1929), Camille Pelletan (1846-1915), Charles Floquet (1828-1896) y varias otras. La mayoría de estos comités locales convergieron en dos agrupaciones a inicios del siglo xx: al centro-izquierda y con una orientación ligeramente social-demócrata, el Partido Republicano Radical y Radical Socialista liderado por Pelletan; más a su derecha, cercano al liberalismo conservador, el grupo de Izquierda Radical liderado por Clemenceau.[3]​

Durante el siglo xix, los Radicales en Francia eran el grupo político de extrema izquierda, en relación con los «oportunistas» de centro-izquierda (liderados por Léon Gambetta: conservadores-liberales y republicanos), los orleanistas de centro-derecha (conservador-liberal y monárquico), los legitimistas de extrema derecha (monárquicos antiliberales) y los partidarios de una dictadura militar republicana, los bonapartistas.

Después de las Guerras Napoleónicas y hasta 1848, era técnicamente ilegal defender abiertamente el republicanismo. Algunos republicanos se reconciliaron con la búsqueda del liberalismo a través de la monarquía socialmente conservadora: los ‘oportunistas’. Aquellos que se mantuvieron intransigentes al creer que la Revolución Francesa debía completarse a través de un régimen republicano basado en la democracia parlamentaria y el sufragio universal masculino, por lo tanto, tendían a llamarse «radicales», un término que significa «puristas».

Bajo la Segunda República (Francia, entre 1848 y 1852), los radicales, en una plataforma de buscar una «república social y democrática», se sentaron juntos en el parlamento en un grupo llamado «La Montaña». Cuando Louis-Napoléon Bonaparte lanzó su golpe militar, los radicales de toda Francia se rebelaron para defender la república democrática. Esta experiencia marcaría el radicalismo francés durante el próximo siglo, lo que provocaría una vigilancia permanente contra todos aquellos que, desde el Mariscal Patrice de Mac Mahon hasta el General De Gaulle, eran sospechosos de intentar derrocar el régimen parlamentario constitucional.

Después del regreso a la democracia parlamentaria en 1871 (ver: Tercera República (Francia, entre 1870 y 1940)), los Radicales emergieron como una fuerza política importante: liderados por Georges Clemenceau, afirmaron que el republicanismo liberal socialmente conservador de Léon Gambetta y Jules Ferry se había alejado de los ideales de la Revolución Francesa, y que los radicales eran los verdaderos herederos de 1791.

En 1881 plantearon su programa de amplias reformas sociales: a partir de entonces, la táctica del principal Partido Radical fue no tener ‘enemigos a la izquierda’ de la República, aliándose con cualquier grupo que buscara la reforma social mientras aceptaba la legalidad de la república parlamentaria.

Los radicales aún no eran un partido político, ya que se sentaban juntos en el parlamento por parentesco, pero poseían una organización mínima fuera del parlamento.

La primera mitad de la Tercera República (Francia, entre 1870 y 1940) vio varios eventos que les hicieron temer una toma del parlamento por parte de la extrema derecha que podría acabar con la democracia, como lo había hecho Louis-Napoléon:

el autogolpe del Mariscal Patrice de Mac Mahon, en 1876;
la crisis del General Georges Boulanger, en finales de la década de 1880 (ver: Boulangismo);
el Caso Dreyfus, en la década de 1890.
En 1899, los radicales, por primera vez, se unieron a un gobierno de coalición, llegaron al poder primero en un gobierno de coalición, encabezado por René Waldeck-Rousseau.

En 1902, Émile Combes asumió como el primero Primer ministro de Francia del Partido Republicano Radical y Radical Socialista y esto permitió la implementación de algunas de las ideas defendidas por los radicales, tales como: la separación de la Iglesia y el Estado, o la introducción del voto secreto.

Para fortalecer su intervención política, unificaron los comités radicales locales en un partido electoral: el Partido Republicano Radical y Radical Socialista, el primer gran partido político moderno en la historia de Francia.

Los intelectuales jugaron un papel poderoso. Un importante portavoz del radicalismo fue Émile Chartier (1868-1951), quien escribió bajo el seudónimo de «Alain». Fue un destacado teórico del radicalismo, y su influencia se extendió a través de la Tercera República (Francia, entre 1870 y 1940) y la Cuarta República (Francia, entre 1946 y 1958). Hizo hincapié en el individualismo, buscando defender al ciudadano frente al estado. Advirtió contra todas las formas de poder: militar, clerical y económico. Para oponerse a ellos, exaltó al pequeño agricultor, al pequeño comerciante, al pequeño pueblo y al hombrecito. Idealizó la vida en el campo y vio a París como una peligrosa fuente de poder[19]​.

El Partido Republicano Radical y Radical Socialista fue el principal partido gubernamental de la Tercera República entre 1901 y 1919, y volvió a dominar el gobierno entre 1924-1926, 1932-1933 y 1937-1940; los gobiernos de centro-derecha dominados por el centro-derecha conservador-liberal a menudo daban una cartera a un radical, que se incorporaría al gabinete a título personal como el ministro de tendencia más izquierdista.

El propio partido quedó desacreditado después de 1940, debido al hecho de que muchos (aunque no todos) de sus parlamentarios habían votado a favor de establecer el Régimen de Vichy. Sin embargo, bajo este régimen, varios radicales prominentes, como el joven exministro de Educación de izquierda Jean Zay y el influyente editorialista Maurice Sarraut (hermano del más famoso líder del partido radical Albert Sarraut), fueron asesinados por la policía paramilitar del régimen (Milicia Francesa), mientras que otros, en particular Jean Moulin, participó en el movimiento de resistencia para restaurar la República (Cuarta República (Francia, entre 1946 y 1958)).

La Union démocratique et socialiste de la Résistance se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para combinar la política del radicalismo francés con la credibilidad derivada del activismo de los miembros de la resistencia francesa.

En la década de 1950, Pierre Mendès-France intentó reconstruir el Partido Radical como una alternativa tanto al Movimiento Republicano Popular democristiano, al mismo tiempo que lideraba la oposición al gaullismo, que temía que fuera otro intento de golpe de Estado de derecha. Durante este período, los radicales gobernaron con frecuencia como parte de una coalición de partidos centristas (Troisième Force), que iban desde los socialistas hasta los demócrata-cristianos.

En última instancia, la instalación de la Quinta República (Francia, desde 1958) y el posterior surgimiento de un sistema bipartidista basado en los movimientos socialista y gaullista destruyeron el nicho para un partido radical autónomo. El Partido Radical se escindió en varias tendencias. Su personalidad principal, el propio Mendès-France, se fue en 1961 en protesta por la aceptación del golpe militar de De Gaulle por parte del partido y se unió al pequeño Partido Socialista Unificado (Francia) socialdemócrata.

Una década después, una segunda facción abogó por mantener una alianza con la coalición de izquierda dominada por los socialistas y se separó en 1972 para formar el Partido Radical de Izquierda, que mantuvo estrechos vínculos con el Partido Socialista (Francia).

El resto del Partido Radical original se convirtió de facto en un partido liberal-conservador de centro-derecha: rebautizado como Partido Radical ‘Valoisien’, abogó por alianzas con el resto del centro-derecha liberal, participando primero en el partido pro-Giscard d’Estaing Unión para la Democracia Francesa, luego con la conservadora Unión por un Movimiento Popular.[20]​[21]​

El radicalismo en Bélgica
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Véase también: Revolución belga
Los territorios de la Bélgica moderna se habían fusionado con el Reino de los Países Bajos en 1815. Aparte de varias tensiones religiosas y socioeconómicas entre el norte holandés y el sur protobelga, durante la década de 1820 una joven generación de belgas, fuertemente influenciada por las ideas de la Ilustración francesa, había formulado críticas a la monarquía holandesa como autocrática.

Para los críticos:

el monarca gozaba de amplios poderes personales;
sus ministros eran irresponsables ante el parlamento;
la separación de poderes fue mínima;
la libertad de prensa y de asociación estaba limitada;
el principio del sufragio universal se vio socavado por el hecho de que el sur mayoritariamente católico, a pesar de poseer dos tercios de la población, recibió tantos escaños en los Estados Generales (parlamento) como el norte protestante, más pequeño; y
se sospechaba que las autoridades holandesas habían impuesto el protestantismo a los católicos.
Estas preocupaciones se combinaron para producir un radicalismo procatólico distinto tanto del radicalismo anticlerical de Francia como del liberalismo protestante del norte holandés.

Tras la crisis política de 1829, en la que el príncipe heredero fue nombrado primer ministro, se introdujo una reforma limitada que establecía derechos constitucionales, similar a la carta de derechos de la Monarquía autocrática de la Restauración borbónica en Francia.

Sin embargo; los radicales belgas, al igual que sus homólogos franceses, consideraron tal carta de derechos como insuficiente, potencialmente revocable por capricho del monarca, por lo tanto, los radicales belgas siguieron de cerca la situación en Francia cuando, del 26 de julio al 1 de agosto de 1830, estalló una revolución conservadora-liberal (Revolución de 1830), que derrocó a la monarquía autocrática por una monarquía constitucional liberal en Francia (Monarquía de Julio).

En un mes estalló una revuelta en Bruselas antes de extenderse al resto de las provincias belgas (Revolución belga). Después de la independencia de Bélgica, la Constitución de 1831 estableció una monarquía constitucional y un régimen parlamentario, y proporcionó una lista de derechos civiles fundamentales inspirados en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre.

Al igual que en Gran Bretaña, los radicales en Bélgica continuaron operando dentro del Partido Liberal, haciendo campaña durante todo el siglo xix para que se extendiera el sufragio restringido a la propiedad. Esto se extendió por primera vez en 1883 y el sufragio universal masculino se logró en 1893 (aunque el sufragio femenino tendría que esperar hasta 1919). Después de esto, el radicalismo fue una fuerza política menor en Bélgica, y su papel fue asumido por el surgimiento de un poderoso partido socialdemócrata (Partido Obrero Belga).

El radicalismo en Italia
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Véanse también: Partido Radical (Italia), Partido Radical Italiano y Radicales Italianos.
Se remonta a 1877 por Agostino Bertani y Felice Cavallotti como un partido radical-liberal de lo que entonces se consideraba la «extrema izquierda», tomando el nombre por grupo parlamentario de los Radicales formado con Andrea Costa, el primer socialista elegido para el Parlamento italiano en 1882. Los radicales apoyaron una completa separación de Iglesia-Estado, la descentralización del poder municipal, la creación de unos Estados Unidos de Europa de acuerdo con el pensamiento de Carlo Cattaneo, la implantación de impuestos progresivos, un poder judicial independiente, una educación para los niños gratuita y obligatoria, el sufragio universal, tanto para hombres y mujeres, y derechos para los trabajadores y las mujeres; y se opuso la pena capital, así como cualquier forma de proteccionismo, nacionalismo, imperialismo y colonialismo.

El radicalismo italiano se ha caracterizado siempre por sus luchas en pro de los derechos civiles utilizando los referéndums populares como método democrático para dar voz y voto al pueblo. Los radicales han sido los promotores de las campañas sobre el divorcio, el aborto, los delitos de opinión y en pro de la libertad de expresión, la responsabilidad de los jueces, el derecho al voto a los 18 años, la objeción de conciencia, el desarme, la desmilitarización de las fuerzas de la policía, la salida de la OTAN, la conversión de las estructuras militares en estructuras civiles, contra las centrales nucleares, contra la caza, en pro de la alternativa verde, la no violencia gandhiana y el ayuno como arma no-violenta, el anticlericalismo, la confiscación de los bienes eclesiásticos y la lucha contra el Concordato, la reforma de la educación escolar, la defensa de los derechos de la mujer, de los homosexuales (afirmación de una conciencia sexual laica y libertaria), la defensa de los inválidos, y de los disminuidos mentales, la modificación del Código Penal italiano intacto desde la época fascista, la lucha contra el azote del hambre en el Tercer Mundo, la denuncia del monopolio de la información (en especial de la televisión estatal italiana – la RAI), y la elaboración de una nueva ley sobre la droga.[22]​

El radicalismo en España
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El Partido Republicano Radical fundado por Alejandro Lerroux en Santander, al escindirse Lerroux y sus partidarios en 1908 de la histórica Unión Republicana de Nicolás Salmerón. El motivo de esta salida se debió a que el partido se unió a la coalición catalanista Solidaridad Catalana. Durante sus primeros años el PRR mantuvo su centro de gravedad en Barcelona y Cataluña, aunque se mantuvo alejado de los partidos catalanistas y se centró más en el electorado obrero.[23]​[24]​

En 1910 el Partido Republicano Radical concurrió a las Elecciones generales en alianza con otros partidos republicanos y de izquierdas, la conocida como Conjunción Republicano-Socialista, logrando sacar 8 diputados en cortes. Después de su primer gran éxito político en las Elecciones de 1910, cuatro años después Lerroux firmó el llamado Pacto de Sant Gervasi, por el cual el PRR establecía una alianza electoral con la Unión Federal Nacionalista Republicana (UFNR). El PRR mantuvo esta alianza electoral durante los comicios de 1914 y nuevamente en los de 1916, aunque más adelante esta fórmula no se reeditaría debido al escaso éxito que había reportado para ambas formaciones. Hasta la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, el PRR mantuvo una modesta representación parlamentaria en el congreso. Durante la dictadura el partido pasó a la clandestinidad y Lerroux mantuvo una discreta actividad política.

A finales de los años 1920, en los estertores del reinado de Alfonso XIII, el Partido Republicano Radical fue uno de los principales firmantes del Pacto de San Sebastián, y como tal participó en el Comité Provisional que comandó el derrocamiento de la Monarquía y en el Gobierno Provisional que sustituyó al Gobierno de la Corona tras la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931.

En 1929 el partido sufrió una primera escisión: el sector más progresista del PRR se separó para fundar el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), y más adelante una parte del PRRS acabaría confluyendo en la posterior Izquierda Republicana(IR) de Manuel Azaña.

El Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) o, popularmente y de forma abreviada, Partido Radical Socialista fue un partido político español nacido en la segunda mitad de 1929 como fruto de la escisión de la tendencia más izquierdista de la opositora Alianza Republicana. Ideológicamente, defendía un liberalismo social de raíces jacobinas y fuertemente anticlerical con importantes influencias de la socialdemocracia. Contó entre sus fundadores, dirigentes y parlamentarios con una elevada proporción de miembros de la masonería.

El radicalismo en Colombia
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El radicalismo entraña reformas democráticas avanzadas y atrevidas para la época. En lo filosófico, el utilitarismo al determinar que toda legislación debe proporcionar la mayor felicidad al mayor número de personas; en lo económico, el libre cambio, esto es la facultad de comprar y vender sin estorbo alguno; en lo religioso, el libre pensamiento que equivale a la independencia absoluta de todo criterio sobrenatural en materia religiosa; y en lo político, el individualismo que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de tal o cual manera o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Tales parámetros fueron aplicados exitosamente por Gladstone en el lapso victoriano de 1865 a 1886, concomitante con nuestra época radical.

Hasta 1880 no había en el Colombia sino liberales y conservadores. A partir de esta fecha el partido liberal, gobernante, se divide en dos grupos, uno encabezado por Núñez, partidario de hacer sustanciales reformas a la Constitución de 1863 y de darle un nuevo giro a ciertos aspectos de la política como las relaciones con la Iglesia, buscando para ello la colaboración de la opinión conservadora. Otro, el sector gobernante, que aceptando la posibilidad de hacer reformas a la Constitución defendía la gestión política y la obra de gobierno realizada por los liberales. Al primer grupo, al de Núñez, se le llamó «independiente». A los que estaban en el gobierno, alguien, no se sabe quién, les dio el nombre de «radicales».[25]​

Los presidentes que tuvo Colombia durante el período mencionado duraban en el ejercicio del poder dos años, circunstancia que, por una parte, permitía la posibilidad de ver en la presidencia de la República caras nuevas y, por otra, no permitía que los presidentes desarrollaran una obra coherente que dejara una huella notable de su gestión presidencial. Pero, a pesar de este aspecto, el período radical tiene unas características muy propias y homogéneas, notables para quien analice la obra de sus gobiernos en el terreno de la política, la economía o la educación y la cultura.

Para apreciar la obra realizada por los radicales desde el gobierno y el conjunto de ideas que caracterizaron a esa generación política, conviene plantearse un esquema de los principales problemas que afrontaba el país en la segunda mitad del siglo xix. Sobre ellos debían pronunciarse los partidos políticos y las corrientes de opinión. Tales problemas podrían reducirse a tres: 1°. Organizar el Estado sobre la base del modelo republicano y democrático; 2°. Dar forma a la economía nacional y promover el desarrollo económico para salir de la pobreza y entrar en la comente de la civilización, según lo decían muchos publicistas de la época, particularmente los de filiación liberal; 3°. Crear un sistema educativo capaz de incorporar al país en el movimiento cultural, científico y tecnológico del mundo moderno.[26]​

El radicalismo en Argentina
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Artículo principal: Radicalismo (Argentina)

Unión Cívica Radical, primer partido político radical de Argentina.
En Argentina, la corriente política radical fue iniciada por la Unión Cívica Radical, partido fundado en 1891, cuyos postulados fundamentales eran la apertura política, el fin del fraude y la proscripción a nivel electoral, y la ampliación de derechos a favor de las capas medias y la clase obrera.

El radicalismo argentino nació luego de la Revolución del ’90, y se consolidó organizando los levantamientos armados de 1893 y 1905, los cuales, si bien no tuvieron éxito militar, lograron que los respectivos gobiernos conservadores aceptaran finalmente sancionar en 1912 una ley de sufragio obligatorio y secreto masculino, mediante la cual pudo llegar por primera vez al poder en 1916, con la presidencia de Hipólito Yrigoyen.

El radicalismo en Argentina excede a la UCR. Diversas corrientes y partidos políticos en Argentina se reconocen radicales. Ocho políticos pertenecientes a cuatro partidos radicales llegaron a la Presidencia de la Nación: Yrigoyen (UCR), Alvear (UCR), Ortiz (UCRA), Frondizi (UCRI), Guido (UCRI), Illia (UCRP), Alfonsín y De la Rúa (UCR). Otros dos políticos radicales llegaron a la Vicepresidencia: Quijano (UCRJR) y Cobos (Frente Cívico para la Concertación Plural).

Otros partidos argentinos o movimientos con antecedentes radicales son: Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA); Partido Intransigente; el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); la Coalición Cívica ARI; Generación para un Encuentro Nacional (GEN); Recrear para el Crecimiento; Partido de la Concertación FORJA; y el Partido Bloquista de San Juan.

El radicalismo en Chile
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Pedro Aguirre Cerda, expresidente de Chile en el periodo del Frente Popular. Destacada figura del radicalismo chileno.
El exponente histórico de esta doctrina fue el Partido Radical de Chile, fundado en 1863 por militantes del ala extrema del Partido Liberal. En sus inicios, cuestionaba el excesivo centralismo del poder y exigía el establecimiento de un Estado laico. En el siglo xx se dividió ideológicamente entre las ideas de Enrique Mac Iver, quien fue promotor de un liberalismo económico, y Valentín Letelier, quien tomó preocupación de la llamada cuestión social. Estas diferencias conceptuales permanecieron en el partido durante gran parte de su historia. Entre 1938 y 1952 tres de sus miembros fueron Presidentes de la República. Los gobiernos radicales destacaron por sus obras de industrialización y crecimiento económico interno. El radicalismo chileno fue fuertemente influenciado por el socialismo, en especial por las tesis socialdemócratas.[27]​

En los años siguientes, el partido se separaría en facciones de izquierda (Partido Radical), centro-izquierda (Socialdemocracia) y derecha (Democracia Radical). El actual Partido Radical de Chile (PR), de tendencia centroizquierdista, es el heredero histórico del radicalismo chileno.

Partidos radicales
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Véase también: Partido radical
Partidos radicales en la actualidad
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País Partido Fundaciones Posición Corriente principal Miembro de
Bandera de Suiza Suiza Partido Liberal Radical Suizo (PLR/FDP) 1848, 2009 Centroderecha Liberalismo Internacional Liberal
Bandera de Chile Chile Partido Radical de Chile (PR) 1863 Centro/Centroizquierda Socialdemocracia, Socioliberalismo Internacional Socialista
Bandera de Paraguay Paraguay Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) 1887, 1978 Centro Socioliberalismo Internacional Liberal
Bandera de Argentina Argentina Unión Cívica Radical (UCR) 1891 Centro/Centroizquierda Socialdemocracia, Socioliberalismo Internacional Socialista
Partido Intransigente (PI) 1972 Izquierda Socialismo
Coalición Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria (CC-ARI) 2002 Centro Socioliberalismo
Republicanos Unidos 2020 Centroderecha Liberalismo
Generación para un Encuentro Nacional (GEN) 2007 Centroizquierda Socialdemocracia Internacional Socialista
Concertación Forja (FORJA) 2011 Centroizquierda Nacionalismo, Populismo, Antiimperialismo
Bandera de Francia Francia Partido Radical (PR) 1901, 1972 Centroderecha Liberalismo Internacional Liberal
Partido Radical de Izquierda (PRG) 1901, 1972 Centroizquierda Socioliberalismo Ninguna
Bandera de Dinamarca Dinamarca Partido Social Liberal (Radikale B) 1905 Centro/Centroizquierda Socialdemocracia, Socioliberalismo Internacional Liberal
Bandera de Italia Italia Radicales Italianos 1955, 2001 Centro/Centroizquierda Socialdemocracia, Socioliberalismo Internacional Liberal
Bandera del Reino Unido Reino Unido Liberal-Demócratas (LibDem) 1988 Centro Socioliberalismo Internacional Liberal
Bandera de los Países Bajos Países Bajos Demócratas 66 (D66) 1966 Centro Socioliberalismo Internacional Liberal
Bandera de Venezuela Venezuela La Causa Radical (LCR)[28]​ 1971 Izquierda Socialdemocracia Ninguna
Por la Democracia Social (Podemos)[cita requerida] 2002 Centroizquierda Socialdemocracia Ninguna
Bandera de Colombia Colombia Cambio Radical (CR) 1998 Centro/Centroderecha Socioliberalismo Ninguna
Partido Liberal Colombiano (PL) 1848
Centroizquierda
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Civilización y barbarie

La compasión es la comprensión plena de la necesidad del mal (John Gray citando a Leopardi). “Si el progreso es un mal tan grande, ¿Cómo es posible que no hagamos nada por deshacernos de él inmediatamente?… Estábamos hechos para vegetar, para dilatarnos en la inercia, y no para perdernos en la velocidad y en la […]

Civilización y barbarie

La compasión es la comprensión plena de la necesidad del mal (John Gray citando a Leopardi).

“Si el progreso es un mal tan grande, ¿Cómo es posible que no hagamos nada por deshacernos de él inmediatamente?… Estábamos hechos para vegetar, para dilatarnos en la inercia, y no para perdernos en la velocidad y en la higiene responsable de la enorme cantidad de seres desencarnados y asépticos que pululan por todas partes, de ese hormigueo de fantasmas donde todo se agita y nada está vivo. Una cierta dosis de suciedad es indispensable para el organismo (fisiología y mugre son términos intercambiables), por eso la perspectiva de una limpieza a una escala universal inspira una legítima aprensión. Deberíamos habernos atenido, piojosos y serenos, a la compañía de los animales, vivir al lado de ellos durante algunos milenios más, respirar el olor de los establos antes que el de los laboratorios, morir de nuestras enfermedades y no de nuestros remedios, dar vueltas alrededor de nuestro vacío y hundirnos suavemente en él… La civilización, nuestra droga, nos ha intoxicado a tal grado que nuestro apego a ella presenta los síntomas de un hábito mezclado con el éxtasis y de aborrecimiento. Tal y como va, acabará con nosotros, no hay duda; en cuanto a renunciar a ella, no podemos hacerlo, hoy menos que nunca.” E. M. Cioran.

Algunos pueblos prefieren un gobierno tiránico o dictatorial cuando salen de un guerra o de una catástrofe colectiva, una especie de gobierno autocrático que siendo más o menos benevolente asegure el orden y la convivencia bajo unas reglas mínimas aunque estas reglas no sean democráticas.
Se trata de una idea que empasta mal con nuestros ideales democráticos. ¿No es cierto que las potencias occidentales exigen de sus aliados (hasta donde pueden) ciertas prácticas como eso que hemos llamado “Derechos humanos», elecciones libres o al menos si la alianza es demasiado necesaria, una especie de sucedáneo?. ¿Pero por qué la democracia liberal empasta tan mal con las tiranías o con los regímenes teocráticos de medio mundo?

Hay dos maneras de pensar la civilidad, una – la más frecuente- es pensarla desde una idea opuesta al caos, al desorden, imaginamos la civilización de un modo pulcro, a través de la supresión de todo lo indeseable, a través del blanqueamiento del mal (Baudrillard), de la moralización del pensamiento, a través del fortalecimiento de la cooperación, de la empatía, de la compasión yde la tolerancia. Este es en efecto la forma en que nos imaginamos la civilización. Algo opuesto a la barbarie, al desgobierno, al desorden.

Y sin embargo está manera de pensar es falsa,dicotómica y categorial. La realidad biologica o social no funciona de ese modo.Funciona como una amalgama de hechos, algunos de los cuales y en ciertos periodos de tiempo parece que apuntan a lo civilatorio mientras que en otros apuntan más bien al caos, son tiempos de hambre, guerras, persecuciones, desastres naturales, pestes y adversidades. Hay una alternancia entre civilización y barbarie,en forma de ciclos de mayor o menor duración pero inexorables.

Más aun, el paroxismo del bien parece que nos acerca paradójicamente al mal. Y que las buenas intenciones provocan -cuando se enfrentan a problemas complejos- nuevas lacras con las que no contábamos.

Todo sucede por una razón: en las ideas civilatorias se encuentran plegadas las ideas barbaras aunque ocultas. Y una de las ideas más perniciosas que existen en la naturaleza humana del hombre de hoy, es la idea de que los humanos somos perfectibles. Y que basta con inculcar reglas de perfectibilidad para que los ciudadanos mejoren y sean mas laboriosos, cooperativos, menos violentos y altruistas.

Uno de estos autores es John Gray.

El mundo se divide, en este sentido entre tres grupos de pensadores:

1.- Los que creen que la ciencia con el tiempo dará respuesta a todas las necesidades del hombre, siempre y cuando el hombre sea capaz de desembarazarse de las mentiras piadosas que la religión esconde como premio de consolación. En esta linea se encuentra Richard Dawkins por ejemplo.

2.- Los optimistas racionales como Ridley o Pinter nos presentan sus datos y sus gráficos un poco para convencernos de que el mundo es cada vez más pacífico, algo contraintuitivo. Pinker en su libro “Los ángeles que llevamos dentro” es un buen ejemplo de esta idea: el mundo va bien y en la buena dirección, solo necesitamos saber más sobre él.

3.- Y por el contrario hay otros, -que podríamos llamar los ilustrados oscuros- como John Gray que piensan en términos de una antigua tradición “pesimista racional” que estaría presidida por el mismo Sigmund Freud y que podría traducirse en esta idea: ” el progreso no existe en términos morales”.Fue precisamente el propio Freud en su libro “El malestar en la cultura» uno de los primeros en intuir que nuestra naturaleza humana moriria de exito precisamente a causa de la incapacidad de encajar lo instintivo con las reglas de la civilización. El tema principal de la obra es el irremediable antagonismo existente entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Es decir, una contradicción entre la cultura y las pulsiones donde rige la siguiente regla: Mientras la cultura intenta instaurar unidades sociales cada vez mayores, restringe para ello el despliegue y la satisfacción de las pulsiones sexuales y agresivas, transformando una parte de la pulsión agresiva en sentimiento de culpa. Por eso, la cultura genera insatisfacción y sufrimiento. El eterno conflicto entre lo micro y lo macro, lo abarcativo-holistico que hoy llamamos globalización y lo individual y lo reductible a escala humana.

Es verdad que hay civilizaciones que son mejores o más cómodas que otras, pero Gray niega el carácter universal de este fenómeno que otros se imaginan como algo teleológico, algo que tiene una dirección predefinida como la trayectoria de una bala, algo inexorable.

Al contrario, -y aunque estos pensadores no niegan el progreso tecnológico ni el progreso médico por ejemplo-, son beligerantes con la idea de que existe una correspondencia moral. Piensan que la conciencia humana viene determinada por la civilización de origen y sobre todo en una cuestión seminal: la evolución de la conciencia es cíclica y no lineal, lo que viene a señalar que es posible el retroceso y que los valores que abrazamos en nuestra cultura no han venido aquí para quedarse. Todo puede venirse abajo, en la próxima vuelta de la rueda. especialmente si estos valores no son sostenibles y es seguro que no lo son.



Entendiendo la escisión y la dualidad.-

La dualidad no es una cuchillada del pensamiento, o algo que nos inculcara Descartes, por error a través de su concepción de la mente humana, la dualidad nos viene de serie y es inevitable que seamos seres duales, no somos pues individuos sino dividuos como decía Schopenhauer.

No se puede acorralar al caos, ni se puede exiliar a la barbarie. Viven entre nosotros y han venido para quedarse.

Y paradójicamente la barbarie que pugna por emerger desde sus escondites culturales lo hará a través de la deriva moral. Nuestra civilización está enferma de moralidad y de valores intramitables.

“Como todo proceso evolutivo, el progreso moral occidental causa subproductos y consencuencias inesperadas. Entre ellos: la destrucción de la familia biológica y el declive demográfico de los pueblos de origen europeo es quizás el más grave, pero hay otros costos a pagar: aumento epidémico de las enfermedades depresivas, incremento en las “brechas de género” en personalidad, disminución paradójica de la movilidad social, la amenaza de nuevos patógenos (sí, los demonios existen), el infraestudiado problema del altruísmo patológico y un largo etcétera de limitaciones que sustentan el pesimismo racional”. (Eduardo Zugasti)

Bibliografía,.

John Gray 2015: El alma de las marionetas: Un breve estudio sobre la libertad del ser humano.

Palestina / Israel: de nuevo en guerra sucia y abierta: terror, crimen y mentira e interesesespurios jugando sucio con vidas, tierras y viviendas afectadas.

Palestina / Israel: de nuevo en guerra sucia y abierta: terror, crimen y mentira e interesesespurios jugando sucio con vidas, tierras y viviendas afectadas.

Es una guerra y de las más sucias de las últimas décadas: Demasiados intereses y motivos emocionales implicados; demasiada propaganda y demasiadas ‘cortinas de humo’ intereses entreverados en juego, y mentiras… Se dice que la verdad es la primera víctima de las guerras, es lo único que tengo para mi valido de la desinformación circulante. No tengo otra ideología que la defensa de mi utopia personal: el humanismo socialista libertario; no soy creyente ni ideologicamente dogmático, carezco de fe alguna; no tengo otro interés allí que el de lograr la paz y la convivencia en libertad… y hoy parece imposible.

Israel debería saber que sin la paz y el mutuo reconocimiento soberano entre ambos pueblos, su vida será siempre precaria y dependiente del gigante estadounidense. Los palestinos deberían reconocer que sin la paz con Israel su vida estará malgastada y precarizada.

Es lo único que constató claramente; y me parece razonable y necesario, por ello mismo, de alcanzar el mutuo reconocimiento Traducido pragmaticamente en pactar la estabilidad territorial, la paz y el respeto de los dd.hh. en libertad: Opino que eso deberíamos apoyar la comunidad internacional y no a esta o aquella pasión, fe religiosa o ideológica que, con todo mi respeto, no hacen sino espesar la niebla de las penas y llantos por ambas partes, y beneficiar a la industria de armas, petroleras y otros intereses espurios, frente a las vidas humanas.

Si, permitanme gritar viva la utopía pragmática de la paz, en el mutuo reconocimiento, los dd.hh. y la libertad.

@OrrantiaTar, Forua, 19/10/2023. 11,05H.

Kate Millet. «Une americaine en colère». Militante e intelectual feminista años 60 y 70 , … «celle qui a fourni au ‘Mouvement de Libé ration de la Femme’ l’analyse critique qui lui manquait». LE NOUVELLE OBSERVATEUR 05/04/1971

Kate Millet, militante e intelectual feminista años 60 y 70 , … «celle qui a fourni au ‘Mouvement de Libé ration de la Femme’ l’analyse critique qui lui manquait».

Escarbando en mi biblioteca en pos de textos freudianos (pros y contras) me he tropezado con este reportaje y ensayo de y sobre Kate Millet, feminista [celle qui a fourni au ‘Mouvement de Libé ration de la Femme’ l’analyse critique qui lui manquait] LE NOUVELLE OBSERVATEUR 05/04/1971. Millet era reconocida como líder e intelectual feminista de izquierda y fue famosa por su militancia comprometida y sus publicaciones, en los USA, RU y Francia principalmente, en la 2a mitad de los 60 y en los 70. Destaca su libro «POUR UNE POLITIQUE SEXUELLE» (1970). En este artículo elabora una dura crítica feminista a la teoría freudiana sobre la mujer, y, a mi criterio, merece lectura y reflexión para la acción igualitaria mujer – hombre.

@OrrantiaTar, Forua, 18/10/2023